Caracas,(Notimex) – E fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo hoy que solicitó la detención del presunto jefe de una red de tráfico y comercialización de oro procedente de las zonas mineras del sur del país.

Saab señaló que el Ministerio Público pidió la detención de Eduardo González Mejía, llamado el “Zar del oro”, a quien acusa de financiar bandas criminales que operan en las minas de la región de Bolívar para apoderarse del oro extraído.

Señaló que las bandas pretendían instaurar un Estado paralelo, con sus propias normas.

Saab estimó que en lo que va de 2018 la organización contrabandeó al menos 150 kilogramos de oro, equivalentes a seis millones de dólares, que dejaron de entrar a las arcas del Estado.

"Se determinó que González financia bandas criminales asesinas que operan en minas de Bolívar para adquirir la mayor cantidad de oro y comercializarlo fuera del país de forma irregular. Recordemos que el oro extraído de las minas debe venderse a (la empresa estatal) Minerven", informó en rueda de prensa.

El fiscal señaló que también se pidió la detención del ex jefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, Higinio Benítez, por haber otorgado permisos de forma irregular a González y a otras personas para la explotación de oro.

Agregó que Benítez permitió que las minas fueran “explotadas indiscriminadamente y que se violaran protocolos y normativas”.

Fue imputado por los cargos de contrabando agravado, tráfico de material estratégico y asociación para delinquir.

Indicó que la Fiscalía busca erradicar “grupos criminales” que se han instaurado en las zonas mineras y que “buscan perjudicar estas fuentes de financiamiento y de riqueza deseada por potencias extranjeras y mafias internacionales”.

Dijo que González era dueño de una empresa que operaba la mayoría de las maquinarias en las minas para la sustracción del oro, así como de los molinos donde se procesa.

Saab anunció las acciones en el sector minero el mismo día que el Gobierno de Estados Unidos aprobó sanciones que prohíben a ciudadanos estadunidenses comerciar con oro exportado desde Venezuela.