Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el Poder Judicial de la Federación se fue claro. En el caso de Pablo Zárate Juárez los responsables de la impartición en Tamaulipas habían incurrido no solo en defecto, sino también en exceso.

Por tal, se les ordenó que de inmediato, procedieran a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por tal, se les ordenaba a dejar en libertad al hombre cercano a Tomás Yarrington Ruvalcaba y que había estado recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria desde el 12 de mayo cuando fue detenido y acusado por peculado tras conseguir la Fiscalía Anticorrupción una orden de aprehensión en su contra.

El documento que se le hizo llegar al Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado como autoridad responsable, le recordaba sobre el amparo promovido por Zárate, por ello indica que, derivado a la queja presentada por el incumplimiento, el juzgado federal procedía a resolver sobre el cumplimento dado al “fallo protector”.

En lo acuerdos establecía en primer punto sobre “Efectos de la tutela constitucional”, donde indicaba que “Deje insubsistente el auto de formal prisión de 18 de mayo de 2018, dictado en la causa penal 16/2018 de su índice, y”, en el segundo punto “En su lugar dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que el delito de peculado atribuido al quejoso ha prescrito, resolviendo en consecuencia lo que legalmente corresponde”.

En el segundo punto sobre “Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector”, establece que el 27 de agosto se le pedía dar requerimiento al cumplimiento de la sentencia de amparo y que esta surtía efectos inmediatos, “sin perjuicio de ser revocada mediante recurso de revisión al haberse concedido la protección constitucional contra un auto de formal prisión, el cual fue decretado por delito que no se encontraba calificado como grave en la época de los hechos".

En ese mismo documento se establece que en vez de actuar en consecuencia brindándole la libertad a Zárate Juárez, el juez estatal lo condicionaba a dejar una fianza superior a los 42 millones de pesos.

Concluía que la sentencia de amparo no se encontraba cumplida.

Y establecía que el juzgador local “incurrió no solo en defecto sino también en exceso al fijar la nueva situación jurídica del quejoso”.

Indica que “incurrió en defecto porque, al resolver en los términos precisados, dejó en absoluta indefensión al indiciado, ya que no precisó si continuaba formalmente preso (aunque materialmente así continúa teniéndolo), ni decretó su libertad como consecuencia del haber decretado la prescripción”.

Y les daba otro golpe:

“Pero más allá de tal indeterminación jurídica, este órgano de control constitucional encuentra que la autoridad responsable actuó con defecto porque no materializó todos los efectos de derecho que incorporó la sentencia a la esfera del quejoso, ya que soslayó considerar que la resolución de prescripción extingue la acción y las sanciones penales... que cuando ello se produce lo que procede es decretar el sobreseimiento... y además el sobreseimiento requiere de la absoluta libertad de la persona (salvo que deba seguir detenida por otros delitos).

En el último punto, el juzgador federal le pide al estatal que de inmediato proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

También le indica que en caso de realizar acciones evasivas tales como “Actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia”, le serían impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización.

Ya con este resolutivo del Poder Judicial de la Federación, el martes poco antes de las siete de la tarde, el juzgado estatal tuvo que ordenar la libertad de Pablo Zárate Juárez y a eso de las 10.25 de la noche, quien fuera uno de los hombres más cercanos al exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, abandonó la prisión y puso tierra de por medio.