México,(Notimex).- Especialistas y académicos exhortaron al Congreso de la Unión que iniciará funciones el próximo 1 de septiembre, a no dar marcha atrás al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por el contrario, piden que trabaje en favor de su operatividad para fortalecer y profesionalizar la labor no sólo de jueces, sino también del Ministerio Público, policías y fiscalías.

En el foro "El balance de las reformas estructurales. La Reforma en Justicia Penal", Sergio López Ayón, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso que hasta antes de la modificación, el sistema penal en México no funcionaba, por lo que "quienes quieren regresar se les olvida lo terrible que era".

En el Senado de la República reconoció que la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal es muy complejo, pero aún faltan muchos eslabones por articularse en temas como la profesionalización de policías y se ha dejado de lado el tema de las fiscalías: "Sin embargo, regresar al modelo de prisión preventiva oficiosa para todos los delitos sería un grave error".

"Volver a llenar a las cárceles con personas que estarán siete, ocho, nueve o 10 años encerrados por delitos menores sin dictarles sentencia, sería un gravísimo error", por lo que "hago un llamado al Senado de la República a no caer en esa tentación".

Consideró que la actual reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatoria puede funcionar si se realizan esfuerzos en su operatividad. Con un buen trabajo del Ministerio Público, ningún delincuente que sea un riesgo para la sociedad podrá evadir la prisión.

El investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado, Carlos Galindo, defendió la reforma y expuso que si la justicia penal no funciona, nunca se van a respetar los derechos humanos y será imposible respetar otras garantías como el respecto a los pueblos, y a los derechos laborales y económicos, entre otros.

Recordó que la reforma buscaba la autonomía del Ministerio Público, fortalecer la defensoría, reconocer el principio de inocencia y reducir la prisión preventiva, entre otros temas.

"Sí es parte de una ola de reformas en América Latina, pero también respondió a los rezagos de México en la materia, ya que en el país, hasta antes de la reforma, 59 por ciento de quienes estaban en prisión eran acusadas por robo, ocho por ciento por homicidio y cuatro por ciento por secuestro.

"De los acusados por robo, una de cada cuatro personas estaba encarcelada por hurtos de menos de 500 pesos y 70 por ciento fueron detenidas sin ser notificadas por la policía de los delitos que se les acusaba. En 69 por ciento de los casos el Ministerio Público les negó el derecho a realizar una llamada telefónica", destacó.

Galindo agregó que de acuerdo a estudios del CIDE, 66 por ciento no contaron con un abogado defensor, y 84 por ciento nunca pudieron hablar con el juez durante sus juicios.

El experto subrayó que hasta antes de la reforma "el corazón de la impunidad estaba en la averiguación previa y en la actuación de los ministerios públicos", y puso como ejemplo que en algunos estados como Oaxaca, de cada 100 averiguaciones sólo una terminaba con un detenido.

Precisó que la reforma en vigor establece que no todos los delitos tienen que ver con penas como prisión, y establece procesos como la conciliación cambian los criterios de criminalidad para modificar la estrategia instrumentada de mano dura que nos llevó a las actuales cifras de inseguridad y violencia en el país.