México, (Notimex).- La Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsan el Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza y el Modelo Homologado de Justicia Cívica para los municipios.

Los acuerdos para apoyarlos se realizaron en la Primera Asamblea Ordinaria 2018 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal que encabezó el subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales, con la representación del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

En el acto realizado en el Salón Revolución de la Segob, Cadena Morales señaló que las autoridades municipales son las que enfrentan en primera instancia el problema de la inseguridad pública y por ello reiteró el apoyo del gobierno de la República para que obtengan los recursos necesarios para enfrentar ese reto.

Durante su intervención, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, destacó que la seguridad compete a los tres órdenes de gobierno, “por lo que nos hemos dado a la tarea de trabajar de manera cercana con los municipios del país”.

Dijo que esto se ha dado en la presente administración bajo la directriz de la Segob y en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la CNS.

Sales Heredia tomó protesta a Lilia María Flores Boardman, presidenta municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, quien fue designada presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para el periodo 2018-2020.

En tanto, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, destacó la importancia de la Conferencia Nacional Municipal que permite generar intercambio de ideas, a fin de impulsar políticas y programas de cooperación municipal en materia de seguridad pública.

Durante la sesión se presentó el Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza, el cual busca homologar a nivel nacional la regulación sobre el uso de la fuerza para todas las instituciones de seguridad pública.

Al respecto, Javier Villalba Solís, asesor para Asuntos Normativos de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, precisó que el protocolo dispone de un marco regulatorio general a partir del cual cada institución debe establecer sus normas particulares.

Dicho protocolo se encuentra en revisión por académicos, sociedad civil, representantes de seguridad de los municipios y consejeros ciudadanos, a fin de enriquecer el proyecto que se presentará en la próxima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública para su aprobación definitiva.

Durante la reunión, entre otros temas, se abordaron los avances en la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México.

En ese modelo se definen los principios y conceptos básicos de la justicia cívica, además sienta las bases para la elaboración de documentos normativos, tales como leyes, reglamentos municipales y protocolos de actuación necesarios en esa materia.