Bogotá, (Notimex).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó la Ley Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reiteró que el trabajo de este tribunal es muy importante “si queremos una paz estable y duradera”.

Al sancionar la Ley de Procedimiento de la JEP, Santos afirmó que esta jurisdicción ya dispone de los instrumentos necesarios para comenzar a producir resultados y agregó que “hemos visto tanto a agentes del Estado como a los excomandantes de las FARC sentados ante los jueces”.

“Faltaba dentro del andamiaje esta ley que tuvo mucha discusión, se incluyeron unos artículos con los cuales estamos abiertamente en desacuerdo, pero eso ya será la Corte Constitucional la que decidirá la suerte de esos artículos”, afirmó.

El mandatario señaló que con la sanción de la normativa procedimental se cierra el círculo y que los magistrados de la Jurisdicción Especial laboraran “con todas las herramientas jurídicas y con todos los elementos para cumplir con esa parte de los acuerdos”.

Santos indicó que la justicia transicional no es una justicia punitiva a la que ha estado acostumbrado el país, sino que “es otro tipo de justicia porque hemos oído muchas críticas, algunas genuinas otras malintencionadas sobre la Justicia Especial para la Paz”.

El mandatario descartó de tajo que la justicia transicional sea permisiva con los responsables de los crímenes atroces y delitos de lesa humanidad.

“No, es todo lo contrario, por primera vez esos máximos responsables están acudiendo ante la justicia y no va a haber impunidad”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró que “la norma de Procedimiento nos da los instrumentos para poder garantizar seguridad jurídica, debido proceso y poder seguir avanzando en el proceso de implementación de la jurisdicción”.

Señaló que el Jefe del Estado durante su intervención “mencionó que en criterio de él y de nosotros hay dos normas abiertamente inconstitucionales que incorporó el Congreso en último momento”.

Indicó que se trata de “una ley ordinaria que para ser considerada por la Corte debe ser demandada; entonces seguramente una vez que se produzcan las correspondientes demandas la Corte abocará el conocimiento que le corresponda”.