La desaparición de las delegaciones federales, permitiría al Gobierno un ahorro sustancial de recursos públicos –considerando que ‘adelgace’ su abultada nómina, elimine las altas compensaciones, los viáticos, la renta de inmuebles, equipo de oficina y automotores (en cada representación), y evite el manejo ‘discrecional’ de las partidas presupuestarias--, aunque también provocaría mayores índices de desempleo.

Inclusive, convertiría a los 32 coordinadores estatales de Programas de Desarrollo en una casta de ‘vicegobernadores’, por el poder que en el Palacio Legislativo se confiera a los aludidos.

Esto, bajo el argumento de suprimir la duplicidad de funciones (en la aplicación del presupuesto, programas y ramos), y como un antídoto a la corrupción.

No obstante centralizaría el manejo de recursos económicos en una sola persona –aun cuando se diga que sólo supervisarían su correcta aplicación--, otorgándole más derecho a comunicarse con el presidente de la República que al jefe del Ejecutivo local, lo que lleva a suponer que su estrategia está encaminada a maniatar a los gobernadores.

Y por eso, desde hace días, se dice fuerte y quedito que a partir del 1 de diciembre próximo en cada entidad habría dos mandatarios. Uno, constitucional; y el otro por imposición, para manejar el presupuesto que legalmente a la Federación le corresponde aplicar en cada estado.

En descargo de esa hipótesis, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros --la virtual secretaria de la Función Pública--, aduce que la medida es para evitar que se dilapide el dinero, aunque no expone el por qué concentrar el manejo de los recursos federales en un solo organismo, siendo que la legalidad determina que, éstos, les corresponde aplicarlos a la autoridad estatal.

Entonces ¿dónde quedan la autonomía y soberanía de los pueblos en cuanto al Pacto Federal?

Como fuere, Andrés Manuel López Obrador ya determinó que habrá 32 coordinadores estatales para sustituir al ejército de delegados que, al amparo del poder, según él, no han producido resultados.

Ha dicho: “Lo importante es la desburocratización y la austeridad republicana, porque, como se sabe, las delegaciones ‘chupan’ muchos recursos en marañas burocráticas.

“Para hacer una estructura de mayor cercanía, eficacia y eficiencia, estamos pensando en reestructurar y hacer un enlace más directo con la ciudadanía”.

Y hasta nombró, ya, sin aún haber ostentado el Bando Presidencial, a los coordinadores estatales que, directamente, le reportarán cuanto en sus áreas de influencia ocurra y sobre la extinción de las delegaciones a cargo todavía de las secretarías de Estado en funciones.

Obviamente la entrante legislatura del Congreso de la Unión deberá aprobar una reforma al Convenio de Coordinación Fiscal –lo que ocurrirá sólo de trámite, puesto que Morena contaría con la mayoría absoluta del Poder Legislativo a partir del 1 de septiembre próximo--, que dispone, en su contenido actual, que la entrega de partidas y recursos federales sólo podrán recibirlas los gobiernos estatales a través de sus tesorerías.

En lo sucesivo, el Presupuesto de Egresos 2019 sería consensuado con los gobernadores –considerando sus programas de obra--, pero, por lo que se ve esos recursos serán recibidos, etiquetados, administrados y ejercidos por los coordinadores estatales, que directamente dependerán del jefe del Ejecutivo federal.

En su cenáculo más reciente, los 30 mandatarios que asistieron a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde participó como invitado el tabasqueño, advirtieron la maniobra, pero ninguno alzó la voz quizá confiando todavía en Tatiana Clouthier Carrillo, quien asegura que los coordinadores no tendrán peso político –‘salvo unos cuantos’--, pues simplemente ‘se trata de gente encargada de adelgazar la burocracia’.

Perdiendo, ganaron

En la lista de ‘vicegobernadores’, usted ya se habrá dado cuenta, Delfina Gómez Álvarez aparece como ‘cuña’ del mandatario mexiquense, quien la derrotó en urnas en 2017, cuando ella fue la candidata de Morena a la gubernatura. Este año fue electa como senadora por la misma entidad;

Pablo Amílcar Sandoval, fue candidato al gobierno de Guerrero (en la pasada contienda). Perdió, pero por disposición de López Obrador va en pos del control político-económico del estado.

Carlos Lomelí Abundis, el ex candidato de Morena al gobierno de Jalisco, es otro de los políticos que perdiendo ganan.

Igual que Joaquín Díaz Mena, ex candidato al gobierno de Yucatán.

De todos ellos, quizá a usted, como a mí, nada representen.

Pero lo cierto es que ellos serán ‘vicegobernadores’, junto con otros 28 militantes de Morena --por mandato del mentado ‘Peje’--, y de ellos dependerá la liberación de recursos, para las obras proyectadas en cada entidad.

Oferta de austeridad

El proyecto de Andrés Manuel López Obrador para ‘adelgazar’ el gasto y ahorrar recursos, contempla una docena de reformas inmediatas, que el Congreso de la Unión habrá de aprobar en cuanto se instale (septiembre 1).

Estas son:

1. a) Ajustar la estructura administrativa al plan de austeridad. Es decir, fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en estados y otros organismos, aunque ofrece que ningún trabajador de base o sindicalizado será despedido;
2. b) Ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 27 de la Constitución, que señala que ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República;
3. c) Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública;
4. d) Elaborar un proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el 108 de la Constitución Política, para que pueda ser juzgado el Presidente en funciones por delitos de corrupción; tanto como todos los gobernadores, legisladores y funcionarios públicos;
5. e) Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a fianza la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles, y fraude electoral en todas sus modalidades;
6. f) Elaborar la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 2019, bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo gobierno;
7. g) Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional (SeDeNa);
8. h) Revertir el decreto de privatización del agua y solicitar la participación de la próxima Secretaría de Medio Ambiente;
9. i) Revertir o modificar leyes de la llamada reforma educativa en coordinación con el titular de la dependencia; y cumplir con el compromiso de cancelar la reforma educativa;
10. j) Cumplir con el artículo tercero para que la educación sea pública y gratuita en todos los niveles;
11. k) Consulta para la revocación del mandato y quitar trabas y candados a todos los procedimientos que tengan carácter vinculatorio; y
12. l) Revisar y posible reforma para aumentar el salario mínimo al doble para la zona fronteriza en el país, a cargo de Economía.

Todo, en un primer paquete que, según estima, habrá de resolver el Congreso de la Unión.

¿Aunque sobre rodillas?

En fin…

Cambios de protocolo

Harta prisa asoma el Presidente electo para cumplir al menos su oferta más popular, quizá como parte de la distracción para evitar enfrascarse en temas de mayor profundidad.

De ahí que insista en:

1) No vivir en la residencia oficial de Los Pinos --que fue el hogar de los presidentes desde 1934, cuando Lázaro Cárdenas del Río rehusó habitar el Castillo de Chapultepec, ocupada por sus antecesores desde el régimen de Porfirio Díaz--, porque según él “esa casa está embrujada, y aparece el ‘chupacabras”’, además porque ‘ni con varias limpias se le salen las malas vibras’.

2) Bajarse el salario a la mitad. Lo dijo el 31 de marzo en su cuenta twitter. “Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad”, refiriéndose al emolumento mensual que percibe actualmente Enrique Peña Nieto: 259 mil 627 pesos;

3) El Estado Mayor Presidencial se encarga entre otras cosas de la seguridad del Presidente de México y su familia, así como la de otros funcionarios públicos y autoridades de otros países que visitan nuestra Nación, pero el tabasqueño insiste en que no andaría con guardaespaldas, pues “el que lucha por la justicia social, no tiene nada que temer”, dice; y

4) Vender el avión presidencial, cuyo costo es de 218.7 millones de dólares.

Salarios a la baja

Además del adelgazamiento burocrático y la descentralización de las secretarías y otras dependencias del Estado, Andrés Manuel López Obrador anticipa la reducción de salarios para funcionarios públicos. Y él mismo ofrece reducir hasta en un 50 por ciento su salario en comparación al que percibe actualmente Enrique Peña Nieto, del cual 40 mil 766 integran su salario base y el resto la ‘compensación garantizada’

Esto, según el portal de obligaciones de transparencia del INAI, cuya vigencia es al 17 de agosto de 2017.

El mexiquense igual cuenta con prestaciones como seguros, gastos médicos, prima vacacional, ayuda para despensa, seguro social, Infonavit y caja de ahorro.

Según información oficial, el Presidente no tiene actualmente asistencia legal, la asignación de un vehículo, equipo de telefonía ni goza de gastos de alimentación, pues ‘el titular del Poder Ejecutivo no tiene prestaciones inherentes al puesto’.

¿Usted lo cree? Yo tampoco.

Y menos cuando se transporta en camionetas blindadas, helicópteros y aviones (entre ellos el TP01 ‘José María Morelos y Pavón’ y el TP02 ‘Presidente Juárez’), que son administrados por el EMP.

Aparte tiene un seguro por 40 meses de percepción ordinaria mensual, con opción a potenciar a ‘34, 51 o 68 meses’ con costo para el servidor público; y declinó a acceder al seguro colectivo de retiro que recibiría al terminar su mandato.

También tiene un seguro de gastos médicos por 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes, con costo para el servidor público.

Él, sin embargo, ha sido atendido en el Hospital Militar.

Hay otras prestaciones que actualmente recibe el Presidente de la República como son una prima vacacional equivalente a 50% de 10 días de sueldo base; una gratificación de fin de año; 20 días de vacaciones en dos períodos de diez días cada uno y 565 pesos mensuales de ‘ayuda para despensa’.

En materia de seguridad social, el Presidente actualmente cuenta con Issste, Fovissste y SAR.

Por cierto, a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión se le impondrá un severo plan de austeridad, que incluye la reducción del 50 por ciento de dietas a diputados y senadores, eliminación de comisiones, viajes al extranjero y seguro de gastos médicos mayores, así como transparentar las subvenciones a los grupos parlamentarios.

Lo confirmaron Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres (el primero va a la cámara baja y el otro al senado), bajo el siguiente argumento: “Habrá órganos de gobierno, pero hay que hacer una evaluación de cuáles son las comisiones que en realidad dictaminan y cuáles no dictaminan nada y sólo absorben presupuesto, y hacer una valoración del uso racional del presupuesto… hay mucha tela de dónde cortar”.

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Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.