Bogotá,(Notimex).- En Colombia la ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en su mayoría de izquierda, es uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos que deberá enfrentar el próximo gobierno de Ivan Duque, quien tomará posesión el 7 de agosto venidero.

Las cifras son escalofriantes y en la memoria de los colombianos florecen los recuerdos de la guerra sucia que sacudió a Colombia a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando se presentó el exterminio con una cifra de más de tres mil asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes de la izquierda.

Cuando los sectores de la extrema derecha vieron que comezaban a despuntar en el escenario político nuevas fuerzas de izquierda en la contienda electoral para las elecciones del Congreso y la Presidencia del país, se presentó el exterminio de la Unión Patriótico, un movimiento que surgió en el contexto de la primera frustrada negociación del gobierno de la época (1982-1986) con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ahora la posibilidad de un nuevo exterminio de líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes de izquierda en Colombia, han prendido las alarmas desde la presidencial Casa de Nariño, hasta las organizaciones de base en todo el territorio nacional, y la comunidad internacional.

Según un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en los territorios de Colombia, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), en lo que va de 2018 se han registrado 123 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Pero la cifra supera los 300 asesinatos si se contabilizan los casos presentados desde el 2016, año que se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC, que se convirtieron en partido político con el nombre de Frente Alternativo Revolucionario del Común.

Entre las víctimas figuran ex combatientes de las FARC, líderes sociales de las zonas donde tiene influencia el nuevo partido político de los ex insurgentes, defensores de los derechos humanos, y en las últimas semanas las amenazas y las balas están dirigidas a integrantes del movimiento de izquierda Colombia Humana.

Colombia Humana, es el movimiento que avaló la candidatura a la Presidencia del ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien disputó con más de ocho millones de votos la Presidencia de Colombia en las elecciones en segunda vuelta del pasado 17 de junio.

El caudal de votos de este movimiento de izquierda preocupa a sectores de la extrema derecha por sus posibilidades de crecer y jugar un papel importante en las próximas elecciones locales de 2019, cuando se elegirán alcaldes, concejales y gobernadores, con miras a intentar en 2022 ganar la Presidencia del país.

El recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera en Colombia.

Los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales, en especial en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, sin contar el resto del territorio que también se está viendo gravemente afectado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al Estado colombiano “a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país”.

La ONU continúa apoyando, “en el marco de sus respectivos mandatos, a las y los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales. También reitera su firme compromiso con las comunidades y su acompañamiento al Estado para garantizar la protección de la vida y consolidar la paz anhelada del país”.

Las organizaciones sociales, centrales obreras, defensores de derechos humanos y partidos políticos de izquierda, independientes y de centro, realizaron el pasado 6 de julio una jornada de protesta a nivel nacional que llamaron “Velaton”, en la que pidieron que cese la ola de asesinatos y exigieron al Estado protección.

El presidente Santos, el vicepresidente Oscar Naranjo, el mandatario electo Ivan Duque, y su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, encabezan la firma de un pacto nacional para rechazar la violencia contra los líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

“El derecho a la vida y el respeto a la diferencia son pilares fundamentales de un Estado democrático. Las diferencias ideológicas no pueden ser un obstáculo para que nos unamos en torno a estos valores superiores”, señaló el pacto por la defensa de los lideres sociales.

"Pueden tener ustedes la seguridad que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en nuestro gobierno para trabajar en cada rincón del territorio para proteger la integridad y la vida de los líderes políticos, sociales, sindicales, y por defender la libertad de expresión”, afirmó Duque, durante su intervención el martes en la ceremonia de condecoración por parte de la Gobernación de Antioquia.

El presidente electo, quien ganó las elecciones con más de 10 millones de votos, declaró en fecha reciente que Colombia “no se merece que en el momento en que estamos, en una gran transición generacional, dejemos que se nos infunda odio y fractura, y se nos invite a la movilización popular simplemente por inercia”.

“Lo que quiero ser en este país es un generador de unidad de diálogo, y donde no medie en la forma en la que nos entendemos, ninguna distancia por consideraciones ideológicas, este es el momento de unir a Colombia por eso no reconozco contendores y voy a gobernar por el futuro de todos los colombianos”, anotó.