Ya se hizo pública la agenda legislativa del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual contiene catorce prioridades del nuevo gobierno, agenda que trató con los diputados y senadores electos de Morena y los cuales suman mayoría en el Congreso Federal.

Entre otras, se asegura que las posibles reformas al marco legal serán, entre otras, las siguientes:

1. La ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes, el Artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república. Sobre esta materia, hay que recordar que el Diputado Federal, Pablo Gómez Álvarez, promovió esta reforma siendo senador de la república, reforma que se aprobó originalmente en la cámara alta pero se detuvo en la Cámara de Diputados por intereses económicos y políticos.
2. Se trabajará además en la preparación de la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

III. Se habrá de elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Asimismo, se estima que se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.

1. Se reformará la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.
2. Se elaborará la Ley de Ingresos y del Presupuesto del 2019, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda.
3. Se reformará la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional.

VII. Se buscará revertir el reciente decreto de privatización del agua.

VIII. Se modificará o revocarán las leyes y reglamentos de la llamada Reforma Educativa, en coordinación con el secretario de Educación Pública.

1. Se establecerá en el artículo tercero de la Constitución, el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares.
2. Se establecerá en la ley, el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa.
3. Se revisará, de ser necesaria, alguna reforma para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza del norte del país, de conformidad con el proyecto que el entonces candidato ofreció durante su gira por los estados fronterizos. Esta reforma estará a cargo de la Secretaría de Economía.

XII. Se llevarán a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará, como se expuso públicamente, en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios.

XIII. Se habrá de establecer en la Ley que ningún trabajador de base será despedido.

XIV. Se eliminarán duplicidades en la totalidad de la administración pública.

Al término de la reunión con los futuro diputados federales y senadores, del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 ya no incluirá las pensiones para los expresidentes de la México.

¿Interesante? Mucho, pero más interesante será saber cómo habrán de aplicarse estas medidas de austeridad republicana, porque seguro es que habrá resistencias e intereses políticos en este proceso.

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