México, 11 Julio.- Ante el incremento de la violencia y enfrentamientos entre bandas delictivas, la Diputación Permanente urgió al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, modifique las acciones y programas para combatir la delincuencia, a fin de garantizar la paz y el orden en la capital del país.

El diputado Jesús Armando Velarde Campa, coordinador de Movimiento Ciudadano, argumentó que en los últimos dos años los índices delictivos han aumentado.

Al presentar el punto de acuerdo, dijo que entre abril y mayo del presente año se registraron 72 mil 217 delitos; tan sólo en abril hubo 174 homicidios, de los cuales 111 fueron dolosos y 63 culposos, según cifras del Sistema de Seguridad Pública.

Detalló también que la Ciudad de México se ubica en quinto lugar por robo de vehículos, cuarto lugar por delitos de extorsión, segundo lugar por robo a casa habitación y primer lugar por robo a negocios.

Cabe mencionar que el jefe de Gobierno puso en marcha el Operativo Blindaje de la Ciudad de México, donde participan más de mil 400 efectivos y 500 unidades de la Secretaria de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ubicados en 25 puntos estratégicos.

Bajo este contexto, la Ciudad de México gasta aproximadamente 37 mil millones de pesos anuales en seguridad pública; sin embargo, el diputado consideró que la delincuencia ha rebasado las acciones de las autoridades.

Por su parte, el diputado morenista Alfonso Suárez del Real planteó en tribuna que tras la renuncia de Hiram Almeida como secretario de Seguridad Pública debe comparece ante la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa para que rinda un informe pormenorizado de las acciones que llevó a cabo en su gestión.

En un punto de acuerdo que fue aprobado por la Diputación Permanente se solicitó que se remita al órgano legislativo copia de la carta de renuncia al presidente de la República, dado que esta función depende y está jerárquicamente subordinada a la Federación.

Indicó que en la Ciudad de México se requiere transparencia, “requerimos una transición pacífica y sobre todo certera de un ámbito tan importante como es el derecho a la seguridad pública de los habitantes de la capital”.