Ottawa, (Notimex).- Canadá urgió hoy al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a garantizar el respeto de sus ciudadanos a manifestarse e implementar las recomendaciones iniciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Canadá está muy preocupado por la crisis en Nicaragua. El conflicto civil a nivel nacional ha tenido un devastador impacto en los nicaragüenses y ahora significa un serio riesgo para la seguridad de la región", afirmó la cancillería canadiense.

La ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, dijo que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau estará muy atento al reporte que se presentará en la Organización de Estados Americanos (OEA).

La funcionaria afirmó que el gobierno canadiense condena el asesinato de manifestantes desarmados perpetrado "por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares" en las ciudades nicaragüenses de Managua y Masaya.

"La población civil está siendo intimidada por estas fuerzas diariamente. Es inaceptable la clara ausencia de justicia y rendición de cuentas en estos crímenes. Los perpetradores de estos actos deben ser enjuiciados".

En el mismo tono en que Canadá se ha dirigido al gobierno del presidente venezolano de Nicolás Maduro, Ottawa urgió a Ortega a proteger los derechos de los nicaragüenses a protestar en forma segura y pacífica y a "restablecer significativas discusiones con todas las partes".

"La democracia y los derechos humanos deben ser respetados", afirmó la ministra, quien ha encabezado reuniones del Grupo de Lima en contra del gobierno venezolano.

Agregó que el gobierno de este país apoya completamente la investigación de la violencia en Nicaragua, realizada por un grupo de expertos independientes de la OEA y de la CIDH y en la que el gobierno de Ortega estuvo de acuerdo.

Freeland recalcó que estos organismos internacionales juegan un papel clave en la investigación de violación de derechos humanos en Nicaragua, donde la crisis política y social ha dejado al menos 222 muertos y más de mil 550 heridos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, desde el pasado 18 de abril.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se originaron tras fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que exige la renuncia del presidenteo, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.