Preocupante que de los 400 mil elementos policiacos aprueben los exámenes de confianza

Palacio Legislativo.- Diputados del PRI, PAN y PRD coincidieron en que deben relevar de sus puestos a los elementos de la policía que no aprobaron los exámenes de confianza, además de darles seguimiento permanente a través de un padrón para evitar que se incorporen a las filas del crimen organizado.

El diputado del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga, integrante de la Comisión Jurisdiccional, refirió que es indispensable mejorar la política de seguridad pública del país, donde se garantice que todos los elementos policiacos aprueban los exámenes de confianza y cuenten con las herramientas suficientes para enfrentar el crimen organizado.

Y dijo: “si esto no se supera, ni la Ley de Seguridad Nacional que está en este momento en discusión, ni ninguna otra disposición podrá superar lo que en la práctica no se hace, como son los exámenes de confianza”.

En su opinión, es importante contar con un sistema que garantice que los elementos de seguridad de cualquier mando que hayan desertado -por no aprobar los exámenes- no se sumen a las filas del crimen organizado; por ello propuso crear un padrón donde se tenga registro de todas estas personas, a fin de darle seguimiento a todas sus actividades, mediante reportes y escaneos de las áreas donde se desempeñan.

Díaz Escarraga dijo que es preocupante que de los 400 mil elementos policiacos sean mínimos los que pasen los exámenes básicos, por lo que insistió que el gobierno federal debe emprender mejores políticas que ayuden a la ciudadanía tener mayor confianza en sus autoridades.

El secretario de la Comisión de Justicia, Martín Arce Paniagua (PAN), dijo que los elementos, secretarios y altos mandos de Seguridad Pública que reprueben los exámenes de control de confianza, deben dejar los cargos sin importar el rango que tengan en las corporaciones, de no ser así la seguridad sólo “un juego de palabras y discursos”.

“No se puede tomar a la ligera (la seguridad). La aplicación debe ser a tabla pareja, quien no los apruebe no tiene derecho a seguir en las corporaciones, independientemente del rango que tengan; se tiene que cumplir en todos los términos no andar con medias tintas, ni con favores, ni consiguiendo espacios; hay que señalar a quienes no cumple para dar certeza”, sostuvo.

Consideró que se debe seguir aplicando la prueba del polígrafo y toxicológico, para recuperar la confianza de la ciudadanía, además de someter a exámenes a jueces y personal del Poder Judicial, seguimiento a quien salga de las filas de las corporaciones, grupos ciudadanos para vigilar a las autoridades, reforzar los departamentos de inteligencia.

La secretaria de la Comisión de Seguridad, Teresa Incháustegui Romero, señaló que los exámenes de control de confianza que se aplican a funcionarios de alto nivel deberían ir acompañados de una investigación a su patrimonio, para hacer más efectivo la detección de colusión con el crimen organizado.

Indicó que con la norma actual sólo se puede cesar al funcionario que no apruebe las pruebas sin la seguridad de que durante su función no intervino a favor del crimen organizado.

“Los exámenes de control de confianza tendrían que ser acompañados con una investigación de su patrimonio, en ese sentido tendrían que abrirse investigaciones. No es separándolos de su cargo como se resolverá de fondo el asunto. En el tema de transparencia aún tenemos el secreto bancario que sigue salvaguardando a la reserva muchos de los bienes mal habidos. En el caso de los altos funcionarios, la misma inteligencia del Estado debería tener acceso libre a toda esa información”.

La legisladora enfatizó que la medida de evaluar a los altos mandos es favorable, sin embargo, “llegó demasiado tarde, el Ejecutivo los tenía que haber hecho antes de iniciar su política de guerra contra el crimen organizado”.