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Estrategias para combatir la corrupción e impunidad

Por: Juan R. de la Sota El Día Martes 01 de Mayo del 2018 a las 18:09

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No debería concederse tolerancia y es justo se castigue el uso incorrecto de recursos públicos y al abuso de poder por parte de quienes están obligados a servir con honestidad y transparencia en las instituciones públicas, por lo que es de interés la propuesta presentada ante el pleno legislativo del Congreso de Tamaulipas, para combatir la corrupción por decreto.

La corrupción es un grave problema añejo que ha existido en dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno y que ha sido practicada por muchos  ex funcionarios que se han ido a su casa con las bolsas llenas de dinero, sin demostrar su legal procedencia.

Han dejado las finanzas de los gobiernos saqueadas y endeudadas. Anteriores mandatarios entregaron las tesorerías de los gobiernos con muy pocos fondos económicos, no porque el dinero lo invirtieron en obras de beneficio social, sino porque lo destinaron a otros rubros o simplemente se lo robaron.

La Auditoría Superior de la Federación y del Estado, tienen que entregar resultados a la sociedad, dado que las autoridades que ejercieron presupuesto no han comprobado a detalle el uso correcto de los recursos públicos que les fueron autorizados por el Poder Legislativo.

La gente exige que a todos aquellos que se les compruebe se robaron el dinero del pueblo, se les obligue a devolverlo y además se les instruya el proceso penal correspondiente para que paguen con cárcel su acto ilegal.

Concederles impunidad es fomentar la corrupción y es ésta práctica la que se debería atacar frontalmente, pues es la responsable de que los pueblos no avancen y se cumpla a medias el proyecto de los gobernantes de atender las demandas ciudadanas.

La principal estrategia para combatir la corrupción, es llevando a la fresca prisión a quien incurra en esta ilegalidad, de no ser así muchos deshonestos buscarán los espacios públicos para robarse el dinero del pueblo y enriquecerse, como muchos lo han hecho y que se van de Tamaulipas.

La corrupción, es un cáncer difícil de eliminar de inmediato, pero acertado sería intentar erradicarlo paulatinamente y esto podría lograrse, si existe un esfuerzo conjunto entre sociedad y las distintas autoridades gubernamentales.

Por ello la importancia de que las autoridades competentes den cumplimiento a lo establecido en las diversas leyes que contemplan disposiciones de combate a la corrupción.

Deberían vigilar que los funcionarios cumplan en tiempo y forma  con la presentación de sus declaraciones e investigar las denuncias ciudadanas relativas a malos manejos de los recursos públicos.

No sólo es fiscalizar para que el dinero público se invierta correctamente, sino aplicar la ley a quienes se lo roban y expulsar definitivamente del ejercicio público a la persona que cometa este acto ilegal. Estos serían algunos factores para atacar la corrupción.

Diputados del Congreso de Tamaulipas, han mostrado interés por establecer estrategias para combatir ese mal.

Ejemplo de ello, es que ante el Pleno Legislativo del Congreso Local, un diputado presentó una propuesta para combatir la corrupción por decreto.

El diputado José Hilario González García, promovió una iniciativa que propone implementar la Semana Estatal en Contra de esa Práctica, que sería del 3 al 9 de diciembre de cada año.

El legislador planteó que durante ese periodo, organizaciones públicas y privadas lleven a cabo actividades en las cuales se promueva y fomente en la sociedad la importancia de evitar y combatir la corrupción.

El representante popular comentó que este fenómeno no es exclusivo de una sociedad, sino que se presenta a nivel mundial.

Para la población joven mexicana, la corrupción es el segundo problema que más preocupa.

 La iniciativa es acertada, ya que con ella se lograrían buenos resultados, si existe la participación de toda la sociedad.

Por parte de los que representan a los distintos gobiernos se requiere mucho trabajo para desterrar la corrupción y su actuación incluye vigilar, principalmente que el dinero del presupuesto se gaste correctamente.

 Que se atiendan las demandas ciudadanas, porque no resolverlas también es corrupción, que se aplique una procuración e impartición de justicia dentro del marco jurídico, que se realicen juegos electorales con pleno respeto a la ley en la materia, entre otras medidas que ataquen la ilegalidad.

La participación de los ciudadanos sería denunciar, con pruebas, los actos ilegales de los servidores públicos, con esto estarían aportando su apoyo, para ir eliminando esa vieja práctica que se ha convertido en un cáncer que durante años ha dañado a los pueblos.

Cambiando de tema, las autoridades electorales federales y estatales, no deberán incurrir en la simulación y flojera en este proceso electoral, sino establecer estricta vigilancia para que garantice unas elecciones con eficiente seguridad y con pleno respeto a las disposiciones de la Ley Electoral.

 Sobretodo observar que los ciudadanos puedan acudir a las mesas directivas de casillas y a las urnas con plena libertad a depositar el voto por el candidato de sus preferencias.

También proceda a castigar a quienes incurran en juego sucio, es decir, actúe de inmediato a denunciar penalmente a quienes destruyan propaganda política, traten de comprar, presionar o exigir al ciudadano para que voten por determinado candidato.

A castigar a los candidatos que usen como estrategia de campaña política la acusación falsa y la entrega de apoyos económicos a cambio del sufragio.

Difundir que el voto es libre y secreto. Que tienen la garantía constitucional de votar por el candidato que les convenga y que nadie puede exigirle, manipularlo o presionarlo para que deposite el sufragio por determinado contendiente.

Por cierto, es necesario que las autoridades electorales establezcan varios programas para invitar a los ciudadanos a que acudan a votar el 1 de julio, porque mucha gente advierte que no irá a sufragar, al no interesarles elegir a nuevos representantes populares, al argumentar que estos nada hacen por evitar los aumentos al precio de los alimentos.

A los costos de los servicios públicos como luz, teléfono, que no gestionan programas de apoyo a la gente pobre y que nada hacen por resolver la escases de agua potable y atender el grave problema de inseguridad pública.

En otro asunto, en próximos días podrían registrarse sorpresas en materia de fiscalización, luego de que se dé a conocer el resultado de la revisión a las cuentas públicas.

Podría aplicarse sanciones económicas y hasta el inicio de procesos penales contra  los responsables de ejercer el presupuesto, por no comprobar de acuerdo a la ley el gasto del dinero público. Si no se corrige el desaseo, desorden y falta de documentación que compruebe el gasto, dentro del plazo que concede la ley, en el mes de julo habrá novedades y no muy buenas para algunos.

Lo que interesa es que los responsables de los diferentes entes públicos comprueben con documentos y físicamente en qué gastaron el presupuesto, sino lo hacen, lo correcto es se aplique la sanción correspondiente y se exija devuelvan los recursos económicos.

No se descarta, que luego de la revisión a las cuentas públicas de los ayuntamientos, uno o dos ex alcaldes vayan a visitar la fresca cárcel, porque no hay buenos antecedentes de un uso legal del presupuesto.

Por ello, si algún ex servidor público o funcionario desvió recursos, tiene la oportunidad de comprobar su correcto gasto o en su caso devolverlos, de lo contrario serían clientes de la justicia.

El dato: Debería ser atendida la demanda de la sociedad de que desaparezcan las diputaciones plurinominales, esos que no son elegidos por el voto directo de la ciudadanía, pues estos sólo representan a conveniencias y compromisos políticos. En nada ayudan al pueblo y representan una carga económica inútil para la sociedad.

Correo:jrdelasota@hotmail.com

Columnista en HOYTamaulipas 

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