Por: Luis Lauro Carrillo20/05/2011 | Actualizada a las 09:44h
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El
afán irrefrenable de privatización de las calles de ciudad Victoria y la
hambruna de liquidez que padece el Ayuntamiento victorense presidido por Miguel
González Salum, aprobó ampliar la concesión para la instalación de 800 nuevos
parquímetros en las calles Morelos, Francisco I. Madero, Matamoros, Juárez,
Zaragoza, mismos que triplicarán los ingresos de la empresa Victoria Meters.
La ampliación de este proyecto neoliberal recaudatorio no tuvo tampoco el aval
de la sociedad victorense, se ha pretendido legitimar con las opiniones
convenencieras de los directivos de la Canaco, Consejo Cívico de Ciudadanos e
Instituciones Sociales (CCCIS) y otros adláteres, que desde luego no
representan el interés de la colectividad.
González Salum y compañía consideran que con modificaciones al convenio
establecido con la concesionaria, como la creación del comité ciudadano que
vigile los ingresos, la reducción de las multas, el envió de un colaborador del
alcalde que supervise el ingreso de dinero por concepto de cobros por
estacionamiento y por multas, se satisface los requisitos legales y
constitucionales del la concesión.
Habría que recordarles a los ediles que la concesión es un acto administrativo
público unilateral por medio del cual el municipio llamado concedente, faculta
a un particular llamado concesionario, para que administre y explote en su
provecho por un tiempo determinado un servicio público con el fin de satisfacer
un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado por
el cabildo respecto obligaciones y derechos.
Por lo que el Ayuntamiento de Victoria, legal y constitucionalmente solo debe
reservarse la atribución de vigilar el buen funcionamiento y operación eficiente
del servicio público concesionado, pero no para delegarle a la concesionaria
atribución de autoridad.
La concesionaria Victoria Meters es un particular que no debe ni puede tener el
carácter de autoridad para imponer multas, ni mucho menos realizar actos
privativos de desposesióne impedir la
libertad de circulación al inmovilizar o retener vehículos.
De ahí que la empresa Victoria Meter avalada por el ayuntamiento, con su
actuación al imponer sanciones e inmovilizar vehículos, estaría incurriendo en
los delitos de usurpación de funciones públicas y privación de derechos y
garantías constitucionales y si como lo pretenden ahora con la participación
del Ayuntamiento incurría esta entidad en el delito de abuso de autoridad.
El resultado final de esta decisión es ampliar la molestia para los victorenses
que deben pagar seis pesos la hora y multas a la concesionaria aunque reducidas
por violar el tiempo, lo que conlleva previamente a la anticonstitucional
inmovilización del automóvil por medio del artefacto conocido como “La Araña”.
Más allá de que
las calles del centro de la ciudad dejaron de ser estacionamiento privado y de
poder encontrar lugar para el estacionamiento, la ampliación de la concesión en
los términos propuestos es ilegal e inconstitucional.
En definitiva el cabildo tiene en cualquier tiempo el derecho de
reincorporar el servicio público de estacionómetros concesionados mediante la
expropiación, conocida como municipalización o mediante la revocación si
existen causas que las fundamenten, para evitar que particulares como Victoria
Meters presuntamente propiedad de Salomón Rosasse vuelvan millonarios sin ningún beneficio para la colectividad
victorense.
Analista político, autor de la columna Cuestión Pública publicada en el periódico de La Verdad de Tamaulipas, en el portal digita HOYTamaulipas, entre otros
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