La remoción de Enrique Ochoa Reza como dirigente nacional priista podría concretarse antes iniciar formalmente las campañas. Y a su relevo acudiría José Eduardo Calzada Rovirosa, quien, hasta hace tres días, fuera el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Con este cambio el tricolor intentaría recuperar el posicionamiento que hoy lo ubica en tercer lugar en las preferencias electorales, merced a malas disposiciones cupulares para designar candidatos al Congreso de la Unión, aunadas a la tibieza de sus cuadros dirigentes.

Y que conste, desde la víspera de la convención nacional priista (allá en febrero), hubo, por parte de su clase política, voces que advirtieron la necesidad de que su dirigente fuera cambiado por no ser garantía de nada merced a su rebatible incapacidad e inexperiencia en los asuntos interpartidistas’, según dijeron.

Posteriormente, los diputados federales exigieron su remoción.

Igual que un grupo de senadores.

Luego hubo otras expresiones en su contra por maltrato, al momento de las definiciones para postular verticalmente abanderados en casi todo el país.

Y por esto se sienten lastimados, agraviados y encabronados, quienes aún son liderados por el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde que éste sustituyó a Manlio Fabio Beltrones, en julio de 2016.

Sin embargo está él a días, quizá horas, de ser relevado.

Y obviamente la observación no la comparten sus ´recomendados’ que jugarán en la contienda como candidatos a las cámaras baja y alta.

En el caso de los domésticos –los candidatos a los ayuntamientos--, la cosa es distinta, por saber los abanderados priistas que al pueblo (hoy) poco le importa la dirigencia nacional.

De ahí, entonces, que se justifique el cambio.

Pero antes de irse Ochoa Reza participó, aunque sin meter mano, en la confección de los listados plurinominales (200 candidaturas a la Cámara baja y 32 al Senado, distribuidas en cinco circunscripciones), que este día podrían anunciarse.

Plan ‘c’

En su intención de conservar el dominio de la administración pública, el titiritero Carlos Salinas de Gortari recurriría a su plan ‘c’: apoyar a la mujer de Felipe Calderón Hinojosa (FeCal), porque el candidato de la alianza ‘Por México al frente’, su plan ‘b’, va en caída libre; y su plan ‘a’ (José Antonio Meade Kuribreña ya no lo pela por instrucciones de Enrique Peña Nieto.

Como fuere, advierto favoritismo gubernamental hacia el queretano.

Ejemplo es el retiro del video donde Ricardo Anaya Cortés aparece confrontándose sin razón con empleados de la Procuraduría General de la República (PGR) --otra arbitrariedad del Instituto Nacional Electoral (INE--, pues el mentado ‘Cerillo’ fue claramente captado agrediendo verbalmente a sus interlocutores, por suponer que estos serían sus verdugos en la justa comicial.

Y esto, es un atentado contra los más elementales derechos humanos considerando que él llegó a ofenderlos hasta sus propias oficinas, so pretexto de aclarar (sin haber sido convocado) su participación en el lavado de dinero.

Empero la autoridad electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello dispuso cancelar el video, arguyendo que éste y los dos comunicados oficiales son violatorios a la Carta Magna (artículo 134), que determina la imparcialidad y equidad con que deben conducirse los servidores públicos, en los procesos comiciales, sin influir en la igualdad de competencia entre partidos políticos.

Concretamente establece la disposición constitucional:

“La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

¡Ah!, pero aquí se da el caso de que fue el candidato presidencial de la coalición ‘Por México al frente’ quien llegó a la PGR a escandalizar. Incluso agrediendo oralmente, en busca de los reflectores que lo hicieran aparecer como víctima del sistema, por recomendación de Diego Fernández de Caballos.

Y en su garlito ha caído el INE, por lo que observo; aunque no por ello son absueltos sus ilícitos de enriquecimiento ilícito, operaciones financieras ilegales ni malos manejos de las prerrogativas partidistas ya que en la PGR y allende el Río Bravo está sujeto a investigación.

 De ahí que su autoridad como árbitro electoral, desde ahora, deje mucho qué desear.

Candidata fraudulenta

La falsificación de credenciales de elector es un delito que la Procuraduría General de La República debe perseguir conforme a derecho, pues éste se encuentra claramente plasmado en el Código Penal Federal.

Sin embargo será hasta el día 29 del mes en curso cuando el Consejo General del INE determine si les finca o no responsabilidades a quienes incurrieron en el ilícito, al presentar micas apócrifas para sustentar las firmas requeridas para (ellos mismos) ser validados como candidatos a cargos de representación popular.

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Armando Ríos Piter (a) ‘El Jaguar’ y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón alias ‘El Bronco, adulteraron miles de credenciales, como lo informó Benito Nacif Hernández (presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE), para ‘cumplir’ el requisito de 866 mil 593 firmas de apoyo.

Al comprobarse el fraude, la autoridad electoral negó el registro a Ríos y Rodríguez como candidatos presidenciales independientes, pero autorizó el de Zavala, aun y cuando ella falsificó 708 mil 606 rúbricas.

De ahí que el INE esté obligado a inhabilitar a Margarita, como ahora lo sugieren el ex canciller Jorge Castañeda Gutman y Pedro Ferriz de Con, quien, por cierto, fue el primero en denunciar el delito que toca perseguir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (más conocido como ‘Trife’).

De lo contrario estaría validando una candidatura fraudulenta e ilegal.

Extradición

Hace días en este mismo espacio le advertí que Eugenio Javier Hernández Flores difícilmente saldría libre. Y ahora el ex mandatario está sujeto a un dictamen procesal de extradición para responder en una corte federal de la Unión Americana por diversos delitos.

El cargo por el cual la Cancillería fundamenta su determinación, es la asociación delictuosa para cometer lavado de dinero. Pero ya en Estados Unidos se le procesaría también por: 1) operar un negocio de envíos de dinero sin licencia, y 2) asociación delictuosa para cometer fraude bancario (como lo estipula la causa penal 2:14-cr-00178).

La defensa del ex mandatario, encabezada por Juan Jorge Olvera Reyes, ha promovido un amparo en contra de la extradición, aduciendo que según la opinión jurídica del juez de distrito Eucario Adame Pérez, el inculpado debe ser enjuiciado en México.

Y eso podría retrasar hasta por tres meses su traslado, programado, inicialmente, para ejecutarse el pasado 2 de marzo.

Hay que recordar que en octubre 11 del 2017 la Embajada de Estados Unidos en México envió la nota diplomática 17-3953, firmada por el ministro consejero William H. Duncan, para solicitar la captura de Eugenio a la Secretaría de Relaciones Exteriores; y que al día siguiente la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería giró un oficio a la Procuraduría General de la República (ASJ-36286), pidiéndole actuar en consecuencia.

Mientras se concreta la extradición, la PGR anda tras Óscar Gómez Guerra (cuñado de Eugenio), quien supuestamente se encaró de realizar las operaciones ilícitas en los bancos Inter National Bank y Lone Star Bank of Comerse, ayudado por el empresario Guillermo Flores Cordero allá en el sur de Texas.

 En fin, este asunto en lo sucesivo dará mucho de qué hablar.

Y más cuando se supone que una opción que tiene Hernández Flores para no salir tan lastimado en su proceso allende el río Bravo, sería declarándose culpable y acogerse al programa de testigos protegidos.

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Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.