Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Héctor Díaz-Santana Castaños, aseveró que Tamaulipas es de las entidades federativas con una baja incidencia de denuncias por delitos electorales.

Dijo que en el ámbito nacional si hay estados que tienen mayores incidencias en materia de delitos electorales, como Veracruz, Quintana Roo y Estado de México, además se tienen en la actualidad unos tres mil 500 expedientes, lograron depurar casos añejos que tenían registro de 2008 y 2009.

Manifestó que el objetivo de la FEPADE es que México viva un proceso electoral con paz social, tolerancia, respeto al adversario, equidad y participación ciudadana, pero a pesar de ello a la fecha cuenta ya con más de 515 carpetas de investigación por denuncias recibidas.

Explicó que el 80 por ciento de estas denuncias corresponden a cuestiones de falsificación de credenciales de elector y solo un 20 por ciento a hechos relacionados directamente al proceso electoral o las precampañas.

Comentó que el escenario que se espera para la jornada del uno de julio es de gobernabilidad y para lograrlo están diseñando un plan operativo de trabajo, “para garantizar en apoyo a las autoridades electorales que el proceso se desarrolle en condiciones de paz, armonía, confianza y sobretodo en un ambiente de gobernabilidad”.

Recordó que la gobernabilidad es responsabilidad de todos los ámbitos de ejercicio público, es decir los gobernantes en sus tres niveles de Gobierno y las autoridades electorales.

Para garantizar un buen trabajo, sin que sea cuestionado, la FEPADE hará un despliegue ministerial en Tamaulipas y cada entidad con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), “a partir del jueves previo a la elección con ministerios públicos y apoyo policial, para recepcionar todas las denuncias que se puedan presentar”.

El fiscal aseguró que se buscará evitar los delitos electorales, para ello se requiere de las autorizadas que deben ser las primeras en alentar un ambiente de civilidad, y en determinado momento atender las denuncias que se presenten.

Precisó que todas las instituciones están obligados a garantizar un buen ambiente para el desarrollo del proceso electoral en paz social, armonía, confianza institucional “y que los gobiernos en sus tres niveles no utilicen recursos públicos para romper las condiciones de equidad en la competencia política”.