La evaluación de los programas y las políticas públicas tiene como objetivo principal brindar una descripción detallada del diseño, la operación, la gestión, los resultados y el desempeño de dichos programas y políticas. 

Evaluar un programa social o una política cualquiera hace referencia a una etapa
fundamental dentro de una parte del proceso de gestión gubernamental, proporcionando insumos útiles para tomar decisiones presupuestales, así como para juzgar la eficacia y, por ende, la permanencia o la
necesidad de cambio o remoción de un programa gubernamental o de una política pública.

En consecuencia, existe un amplio consenso sobre la conveniencia de evaluar regularmente las acciones de gobierno, con el propósito de conocer si están o no cumpliendo con los objetivos que justifican su existencia y los recursos públicos que se destinan a ellas. 

En años recientes, el Estado mexicano adoptó decisiones encaminadas a substanciar un esfuerzo amplio y sistemático de evaluación
que le permitiera –justamente– conocer los resultados del actuar de sus instituciones públicas.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social –ambas aprobadas hacia el final de la administración del presidente Vicente Fox– constituyen las piezas centrales de lo que ha venido a conocerse como la Política Federal de Evaluación de México y que se integra por instrumentos de gran valor como el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la evaluación de la política de desarrollo social, encabezada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En términos generales, esta política federal de evaluación se ha desarrollado de forma continua y ha implicado que el país como un todo, y las administraciones públicas federal, estatal y municipal en sus ámbitos particulares de actuación, hayan sufrido modificaciones de consideración en estructuras tan sensibles y significativas como los sistemas de planificación y de presupuestación. 

Los efectos de los cambios habidos aún no son del todo conocidos y, en más de un sentido, será necesario esperar un plazo razonable para saber si ofrecieron los beneficios prometidos o si, como ha sucedido con otras innovaciones gubernamentales en el pasado reciente y remoto, se vieron limitados por las particularidades de nuestra cultura política.

Las Finanzas estatales y la corresponsabilidad Fiscal en Tamaulipas.

Es esencial y característico en los Estados Federales o Países con estructura Federal, que los distintos órdenes en que se distribuye el Gobierno, compartan la responsabilidad Fiscal. 

De esta manera tanto el ámbito Federal, el Estatal y desde luego el Municipal crean los impuestos y en general las contribuciones, que a cada uno le permiten obtener la base de recursos tributarios o fiscales, que utilizará y que requiere para cumplir sus fines. 

Mediante esa corresponsabilidad Fiscal los gobiernos estatales y municipales generalmente obtienen la mayor parte de esos recursos fiscales necesarios. 

Cumplida esta responsabilidad Fiscal básica en cada ámbito de Gobierno, corresponde también al ámbito Federal transferir de manera discriminada, una parte de sus recursos hacia los ámbitos Estatal y Municipal, ello con el fin de procurar el equilibrio entre Estados y en ocasiones entre Municipios, es decir, un equilibrio horizontal. 

Mediante esa transferencia de recursos el Gobierno Federal desempeña sus funciones de Asignación o de Distribución y deberá atender también las llamadas externalidades, que involucran problemáticas que afectan a  dos o más jurisdicciones Estatales. 

Este traslado de recursos públicos del ámbito federal hacia los Estados patentiza las funciones de Asignación y Distribución que debe desempeñar el Gobierno Federal para lograr, entre otros objetivos, un equilibrio entre Estados. 

Dicho de otro modo, con los recursos Federales se complementa la gestión gubernamental que cada ámbito de gobierno realiza con sus recursos propios, con los recursos fiscales que obtuvo al ejercer sus potestades tributarias. 

El mismo fenómeno se reproducirá a escala entre el ámbito de Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, aquél, es decir el Estado, trasladará recursos propios hacia los Municipios para complementar la gestión que hubiere alcanzado a realizar por sí mismo cada Municipio, aunque el Estado lo hará con el propósito de lograr un equilibrio entre las jurisdicciones municipales. 

El equilibrio que tratan de lograr tanto el gobierno Federal como el de las Entidades al transferir esos recursos, es precisamente aquél equilibrio horizontal que por sí mismo no se produjo con los impuestos y ejercicio de cada Municipio, o con los impuestos o ejercicio de cada Entidad. 

Así se manifiesta la corresponsabilidad Fiscal de los distintos ámbitos de gobierno dentro de una estructura Federal, aunque con las variaciones propias de cada circunstancia y de cada realidad. 

 Dicha corresponsabilidad fiscal se ejerce, entre otros espacios, en las legislaturas respectivas creando las contribuciones cuyos  rendimientos buscan acercarse tanto a la demanda comunitaria de servicios, como a la capacidad contributiva de la economía de cada ámbito. 

Propuesta para el Financiamiento de lo Local:

Incrementar el grado de responsabilidad fiscal de las Entidades, mediante la utilización de fuentes tributarias de verdadero peso recaudatorio, revisando para ello las fuentes tributarias que mediante reformas a la Constitución (Artículo 73) fueron reservadas de manera exclusiva para los impuestos federales, con el fin de que se analice su
posible regreso total o mayoritario como potestades tributarias de las Entidades, en concurrencia o no con el ámbito Federal y en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.