México,(Notimex).- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la creación de la nueva Fiscalía de Ejecución Penal, adscrita a la Subprocuraduría de Procesos, que normará la intervención del personal ministerial en los diversos procedimientos.

En un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del gobierno de la Ciudad de México, precisó que estará conformada por un fiscal de Ejecución Penal, responsables de agencia, agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios y personal administrativo.

El titular de la nueva fiscalía deberá definir los lineamientos y criterios que deberán seguir los agentes del Ministerio Público para su intervención en los procedimientos relativos a la concesión, modificación o renovación de los beneficios preliberacionales.

Entre otras atribuciones, también deberá acordar con los responsables de agencia los casos en que sea procedente la petición de algunos de los beneficios preliberacionales, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Asimismo, vigilar que la intervención de los agentes del Ministerio Público en las audiencias relacionadas con los procedimientos de ejecución penal, sea conforme a las atribuciones que les corresponden.

Verificar que se acrediten los requisitos legales para el otorgamiento de cualquier sustitutivo, beneficio o prerrogativa a los sentenciados con pena de prisión o medida de seguridad, en los casos que resulte procedente.

En tanto, los responsables de agencia deberán verificar que la intervención de los agentes del Ministerio Público en las audiencias de Procedimiento de Ejecución Penal se realice conforme a las atribuciones que les correspondan.

También deberán informar al titular de la fiscalía y en su caso, dar vista a los órganos de control interno, cuando advierta que el actuar de los agentes del Ministerio Público, así lo requiere.

Vigilarán que los agentes del Ministerio Público rindan dentro de los plazos legales establecidos, los informes previos y justificados, e intervengan como terceros interesados, en los juicios de amparo a los que sean emplazados.

El documento señala que los agentes del Ministerio Público de Ejecución Penal intervendrán en los procedimientos garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas que intervengan.

Con este acuerdo, que entra en vigor este miércoles, queda abrogado el número A/001/2015 por el que se creó la Fiscalía de Litigación para la Operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, cuyos  recursos humanos y materiales asignados se integrarán a esta nueva fiscalía.