México,(Notimex).- Legisladores priistas de la Comisión Permanente acusaron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de pretender chantajear con mentiras y emplazaron al mandatario estatal a responder qué hizo con los mas de tres mil 41 millones de pesos adicionales de libre aplicación qué recibió en 2017.

En el debate político sobre el diferendo del gobierno de Chihuahua con la Secretaría de Hacienda, la senadora priista Diva Castelum advirtió que Corral pretende congraciarse con el Partido Acción Nacional (PAN), y encontró una nueva chamba, ser activista de Ricardo Anaya, que es más peligroso que Andrés Manuel López Obrador.

“López Obrador paró Reforma, pero Anaya paró el Congreso, y ahora quiere parar el país, a eso se dedica el muchacho, hay que tratarlos, son muy parecidos Javier y Ricardo Anaya”, aseveró la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto, el diputado priista Ricardo David García Portillo consideró que en esta semana se ha visto como en Chihuahua, mirándose en su espejo diario que refleja su naturaleza mitómana, Javier Corral miente una vez más al pueblo de Chihuahua al señalar que le están quitando recursos que por ley le corresponden.

Según García Portillo, con la información que este Congreso tiene disponible, lo transferido por participaciones, que son recursos de libre aplicación para el gobierno del estado, fueron 14 por ciento más que en 2016.

Corral Jurado, sostuvo el priista, recibió solamente en este rubro tres mil 41 millones de pesos adicionales para su primer año con respecto al anterior. Las transferencias por concepto de aportaciones, que son recursos con destino específico, también fueron superiores en casi 10 por ciento más para el mismo periodo.

Por ello, cuestionó qué hizo Corral Jurado con los más de 43 mil millones de pesos transferidos en su primer año, ¿acaso lo utilizó para viajar en avión privado a jugar golf cuando en su entidad al mismo tiempo la delincuencia asesinaba a 14 personas?

De acuerdo con el legislador priista, por la ineficiencia de un gobernador Chihuahua perdió recursos de seguridad pública, y advirtió que con esa ineficiencia el gobierno estatal presentó a los diputados federales proyectos del estado dos días después de aprobado el Presupuesto 2018, lo cual significó 500 millones de pesos que no se pudieron asignar a proyectos estatales.

En su turno, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista, acusó que Chihuahua necesita un gobernador de tiempo completo, no un coordinador para la campaña presidencial del PAN.

Advirtió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió a los señalamientos de Corral Jurado, en donde detalla los montos transferidos a la entidad en el pasado ejercicio fiscal, los cuales fueron superiores en los tres mil millones de pesos con respecto a 2016, por lo que le cayó más dinero al estado de Chihuahua.

En opinión de Sandoval Rodríguez, la dependencia federal ha entregado al estado de Chihuahua, en tiempo y forma, tanto los recursos ordinarios que ya tenían asignados en el presupuesto como aquellos extraordinarios a los que tienen derecho cualquier entidad federativa.

Advirtió que la urgencia en el reclamo de esos recursos extraordinarios que está haciendo el gobierno de Chihuahua, de los cuales no hay certeza al principio de año sobre su monto, pone en evidencia la mala planeación y la ineficiencia del gobierno de Chihuahua en el manejo de sus finanzas públicas.

“La Federación no puede hacerse responsable de los errores financieros del gobierno de Chihuahua. El gobierno federal no puede solucionar los problemas que por falta de capacidad, planeación y orden administrativo están padeciendo en Chihuahua”, sentenció.

En tanto, el diputado Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza, hizo votos porque el diferendo entre el gobernador de Chihuahua y la secretaría de Hacienda se clarifique.

“En Nueva Alianza somos conscientes de que existe cierto nivel de exacerbación política debido, sin duda, al inicio de los procesos electorales, por cierto muy competidos. Y para salvaguardar este proceso, se hace indispensable que temas como el que nos ocupa no sean utilizados con fines electorales”, indicó.

Por Encuentro Social, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos advirtió que la confrontación que divide a la sociedad no conviene a México, y en cambio lesiona severamente el tejido social.

“Las descalificaciones entre actores políticos, el uso de las redes sociales para la ofensa, el darle la vuelta a la ley para dar pie a simulaciones son acciones y omisiones que son tierra fértil para que el encono escale y se convierta en violencia”, dijo.

La legisladora llamó a la civilidad y a la resolución pacífica de las controversias entre niveles y poderes de gobierno, sin que lo mediático esté por encima de lo institucional, y en cambio, se opte por el diálogo respetuoso aún y con mayor razón, en el año electoral.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la diputada Cecilia Soto González llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que aplique el Protocolo de Estambul al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, y demuestre si ha sido o no torturado y que haga públicos los resultados que están siendo utilizados.

En tanto, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, señaló que la coalición Por México al Frente está en contra de que el gobierno federal intervenga en el proceso electoral a partir de diversas acciones como el condicionamiento del presupuesto público.

Por el PAN, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz dijo que en Chihuahua el gobernador Corral Jurado descubrió el modus operandi de la corrupción política encabezada por el exmandatario estatal César Duarte, quién a su decir transfirió al PRI 250 millones de pesos.

Esa es la razón por la que Alejandro Gutiérrez se encuentra en prisión y vinculado a proceso, sostuvo el legislador del partido blanquiazul.

Por Morena, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza rechazó el uso de instituciones para fines electorales y la presión hacia los ciudadanos para la manipulación del voto.

Llamó detener el comportamiento tramposo de los políticos, por lo que exigió que las autoridades apliquen sanciones ejemplares, tales como el retiro de candidaturas o de registros.

“Es injusto que la ciudadanía de Chihuahua sea víctima de los conflictos de los partidos que en un “toma y daca” buscan el deslinde de culpas y de inconsistencias administrativas, por encima del beneficio de la población”, subrayó.