A más tardar el día último del mes que cursamos, la Auditoría Superior de Tamaulipas debe entregar a la LXIII Legislatura local sus observaciones a las cuentas públicas gubernamental y municipales del ejercicio 2016-17 – hasta ahora se habla de 3 mil 794 irregularidades--, para que el Congreso exija la justificación (correcta) de los más de 22 mil millones de pesos que andan ‘volando’, so pena de proceder legalmente contra los involucrados.

El grueso de esos recursos los manejó el Gobierno estatal --de forma directa o mediante los Organismos Públicos Descentralizados (Opd’s)--, y aunque los ex alcaldes utilizaron cantidades menores --pero millonarias al fin--, algunos aparecen en la lista de sentenciados al cadalso igual que un reducido grupo de ex funcionarios.

Obviamente, por desvío del erario.

De ahí que los otrora ‘intocables’ pretendan negociar (pero en cortito) su absolución, antes de cumplirse el plazo legal para responder en sesión de comisiones legislativas su participación en los ilícitos a imputárseles. Y por los que debiera abrírseles proceso judicial.

Pero acceder a su perdón marcaría al régimen actual, en su objetivo contra la corrupción, pues lo menos que la sociedad espera es un castigo a quienes saquearon a la entidad --incluido el ex mandatario Egidio Torre Cantú, su parentela, colaboradores, amigos, socios y caprichos--, porque reiteradamente lo ha ofrecido Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Así que no descarte que en diciembre próximo se inicien procesos en contra de presuntos atracadores, otrora tolerados por su entonces jefe del Ejecutivo estatal.

Hay nombres que son del dominio público, por presumir su actuación en el saqueo indiscriminado: Alfredo González Fernández, Jorge Silvestre Ábrego Adame, Manuel Rodríguez Morales, Jorge Alberto Reyes Moreno, Norberto Treviño García Manzo y Nazario Assad Montelongo; algunos ex directores de las Opd’s; y por supuesto el cuñado de Egidio, José Manuel Basave Benítez, así como Carlos Valdez Balboa y un hijo de éste --Pedro Luis Valdez Garza--, por citar sólo a unos cuántos beneficiarios (por el ex mandatario).

Igual podrían ser llevados al patíbulo cuatro ex alcaldes:

1) Gustavo Adolfo Torres Salinas (Tampico), por no justificar el gasto correcto de más/menos 400 millones de pesos;
2) Mario Alberto Neri Castilla (Madero), a quien se le ‘evaporaron’, al menos, 355 millones;
3) Carlos Cantúrosas Villarreal (Nuevo Laredo), pues no fundamenta documentalmente en qué invirtió 900 millones; y
4) Norma Leticia Salazar Ramos (Matamoros), quien supuestamente desvío un mil 300 millones.

Además hay otros (de sus pares) que tampoco la han librado.

Al menos no, ante la comisión legislativa encargada de aprobarles la cuenta pública, por lo que esos ex munícipes y ex funcionarios quizá han puesto a remojar sus barbas, aunque presumo que varios ‘sentenciados’, por la sociedad, de plano ya pusieron tierra de por medio.

Como sea, cuando la autoridad judicial recibe órdenes, para arrestar a cualquier individuo (así sea político), las corporaciones policiales dejan, entonces, de jugarle al ‘Tío Lolo’.

Y en un tris los aprehenden.

Ahí están los casos de los exgobernadores trúhanes que no admiten duda al respecto.

Mientras tanto quienes intenten ‘limpiar’ su honra buscarán negociar en el Congreso local, cuando menos, la reparación del daño. Pero, hasta eso, con la condición de no ser obligados ‘a tocar barandilla’ (léase, a ser ‘fichados’).

¡Vaya desfachatez!

¿Lo permitirán los colegiados anticorrupción estatales?

Supongo que no, pues aunque el peculado es un delito ‘menor’ (que se solventa con la reparación del daño y penas corporales, que alcanzan fianza), el daño causado a la sociedad es profundo. Y gravoso, porque al disponer de dineros ajenos estando conscientes de cometer un ilícito, los ladrones tal vez actuaron con premeditación, alevosía y ventaja.

Más si los recursos desviados estaban destinados a programas para la reconstrucción del tejido social.

En fin, esperemos que los diputados no salgan nuevamente con ‘su batea de babas’ en diciembre para exonerar a tanto pillo, porque ‘el dedo flamígero’ los señalaría por complicidad.

Así que, obligados están a actuar en consecuencia.

Reconocimiento

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), extendió un reconocimiento al Gobierno de Tamaulipas por haber logrado el mayor avance en normar los elementos de monitoreo y evaluación de la política social.

Al respecto, el mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que desde el inicio de su administración se implementó un expediente social único, lo que permitió desarrollar programas sociales que verdaderamente atiendan las necesidades de los tamaulipecos.

Gonzalo Hernández Licona, presidente del Coneval, por su parte, reveló que Tamaulipas ha avanzado en poco tiempo y de manera significativa en el marco normativo y monitoreo, lo que es fundamental para emplear las mejores prácticas asistenciales.

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Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.