Ahora que el esquema de las Asociaciones Público Privadas conocidas por sus siglas APP entrarán en operación para financiar la construcción de carreteras, sería oportuno analizar a fondo el tema de los penales, sobre todo cuando existen experiencias positivas, porque ya se han implementado en otras entidades, principalmente en las que son gobernadas por el Partido Acción Nacional. Esta modalidad es una alternativa de solución al grave problema de hacinamiento, evasión de reos y deficiente readaptación social.

Si bien es una política pública que el PRI no la ve hasta ahora con buenos ojos en el tema penal, aunque no la ha rechazado totalmente; los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Tamaulipas debieran de examinar esta alternativa más a fondo para ponerla en funcionamiento, porque el Gobierno Federal a través del Secretario de Gobernación ha sido muy claro con los gobernadores, al referirles  que “los sistemas penitenciarios estatales requieren invertir en personal, equipamiento e infraestructura”.

El otro mensaje del Gobierno Federal está en los recursos presupuestales donde a lo largo de todo el sexenio no etiquetó ninguna suma para la terminación del penal de Tamaulipas iniciado en el gobierno de Felipe Calderón, que coincidió con la administración de Eugenio Hernández Flores, pero es una obra de la Federación y durante el “peñismo” no se canalizó un peso para esa infraestructura, que al decir de conocedores hoy es obsoleta.

Cierto que los recursos Federales han sido encauzados al tema de seguridad, igualmente los del Estado. La pregunta es, si en el presupuesto de egresos para el Gobierno de Tamaulipas para 2018, se habrá contemplado alguna inversión “decorosa” para ampliar o rehabilitar los 7 penales que operan en la entidad; donde se atiende a una población de más de siete mil reos, aunque su capacidad es para cinco mil en conjunto.

En Tamaulipas como en la mayor parte de las entidades del país resulta insuficiente la capacidad que tiene para recibir internos, el promedio nacional de ocupación laboral tiene una cobertura de 33 %, pese a que es fundamental para que de alguna manera genere la rehabilitación del interno con miras de reinserción en la sociedad cuando abandonen el reclusorio.

La Ley de Asociaciones Público Privadas vigente en México desde enero del 2012, define los proyectos bajo este esquema de inversión de largo plazo, como procedimientos que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye, y que además operará por un plazo convenido, después del cual hará entrega de ésta (hospitales, carreteras, penales, obras hidráulicas, etc) a los gobiernos.

En nuestro país existen penales que fueron construidos por la iniciativa privada bajo el esquema de concesión APP, entre las entidades cuyas administraciones convinieron con los concesionarios un plazo de 20 años para después liberarlas, figuran los gobiernos de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Durango, Michoacán y Sonora.

Hasta ahora empresarios cómo Carlos Slim, Hank Rhon, Vázquez Raña, entre otros han expresado interés por edificar y manejar bajo el esquema de concesión los penales que se les propongan, reuniendo los requisitos de calidad y respetando lo que indica la ley para el sistema penitenciario de México.

El esquema de concesionar penales a la iniciativa privada bajo la supervisión del Estado ya funciona con éxito en diferentes puntos del país, así como en Europa y Estados Unidos, sobre todo con buenos resultados en el tema de readaptación social.

La cuestión es que la política penitenciaria del país no ha hecho gran cosa para solucionar el problema de saturación de los penales. Hay gobiernos estatales que incluso han financiado las fianzas de algunos reos no peligrosos y que ya tiene la mayor parte de su pena cubierta, con tal de liberar espacio en las cárceles.

Otros, ni siquiera han abatido el rezago que tienen en expedientes aun sin sentencia, muchos de estos actores inculpados son por delitos menores, y mientras tanto siguen llegando presos con historial delincuencia cada vez de mayor peso.

Sin duda un problema que no es fácil, ni rápido de resolver.

7 NOTARIOS AUN EN INVESTIGACIÓN.- Aunque un poco tarde, después de ocho meses de la detención de dos notarios y la casi simultánea advertencia de que había procedimientos contra otros siete fedatarios de Reynosa, Victoria y Tampico, hoy la subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del Gobierno del Estado, Gloria Elena Garza Jiménez aclaró que no se trata de investigaciones por el uso o designación del Fiat, sino por denuncias de particulares presentadas por inconformidad de temas que ellos han detallado y que se les está dando seguimiento.

En pocas palabras, no es una iniciativa del Gobierno como se entendió en esos momentos. Fíjese lo que origina la falta de información oportuna, hubo notarios que manifestaron en unos casos temor, porque su fiar notarial le fue otorgado en el gobierno de Hernández Flores y que quizá ese era el motivo (y eso que el exgobernador estaba en libertad).

Otros comentaron indignados que no era posible que se generalizara porque se desacredita en general a la actividad notarial, que el Gobierno tiene la autoridad para cancelar el fiat, que el mismo otorgó. Y lo ideal es que se diera de baja a quien correspondiera, sin más advertencias.

Es cierto que se tejen muchas leyendas urbanas en torno de algunos notarios que se hicieron de muchas propiedades a lo largo de su ejercicio. Decimos leyendas al no comprender, por qué no se procedió en su momento conforme a derecho.

Pero ahora nos enteramos por las declaraciones de la Subsecretaria Garza publicada en Milenio el día de ayer, que los siete casos notariales que están en investigación son denuncias planteadas antes del inicio de la gestión panista. Es importante dar a conocer esto porque la sociedad tiene la infundada percepción de que se trata de rencores y venganzas.

Por algo dice el refrán, no hagas cosas buenas que parecen malas.

Ana Luisa García García

(15-Nov-1950) es licenciada en Periodismo por la Universidad Veracruzana generación 1969-1973.

Ejercicio profesional en los siguientes medios: El Dictamen de Veracruz, El Diario de Cd. Victoria, El Universal y Ovaciones en la Cd. de México, El Heraldo de Tampico. Autora de la columna Argot Político en El Mercurio de Tamaulipas (1988-1989) y de la columna Presencia publicada en La Verdad (1987-2016) y en diferentes portales informativos.