El  mecanismo mediante el cual, el gobierno del estado pretende  no solo refinanciar los  12 créditos  de la actual deuda, con los bancos, que podría a  ascender a 14 mil millones de pesos, (según declaraciones del entonces Secretario de Finanzas Jorge Abrego), sino obtener  un nuevo préstamo por el orden de los 10 mil millones de pesos, podría disparar  la deuda tamaulipeca, a los 24 mil millones de pesos, y alagarla a 25 años de plazo, durante los cuales, se hipotecaría el futuro de las familias en el estado.

El documento, actualmente, en manos del Congreso local, de mayoría panista, consta de 16 hojas, siete de ellas dedicadas a las exposiciones de motivos, y nueve  de supuesto sustento legal,  que suman 14 artículos.

A  decir  de expertos en la materia, dicho proyecto de decreto, elaborado por  asesores  en ingeniería financiera, sufre de muchas inconsistencias, específicamente en materia de metodología, pues  pretende pasarse por el arco del triunfo, la normatividad  establecida previamente por  la  Secretaría de Hacienda.

Después de analizarlo, nos damos cuenta que existen puntos, del todo cuestionables y que se prestan a la suspicacia sobre la intención de saquear al erario, como se puede ver en la página diez del documento, donde, adicionalmente a los  10 mil millones que piden  como financiamiento,  quieren que se les aprueben 251 millones, ¿para qué?, supuestamente para pagos de  reserva, prima, honorarios, calificadoras  y asesores financieros, entre otros.

Pero, si  ya se contrataron 12 créditos con  los bancos, como es posible que ahora el refinanciamiento vaya a costar 251 millones. Clarito se ve que, semejante millonada  es para regalársela a alguien, (¿Caja chica del 2018?), o simple y llanamente quieren quedarse con la lana.

Otro  dato  más que da pie a la sospecha, es el siguiente: en la hoja doce del documento,  se mencionan la constitución de uno o dos fideicomisos irrevocables. ¿Para qué quieren hacer estos fideicomisos?,  pues muy sencillo, los utilizarán para  recibir  los recursos provenientes  del Fondo  de Participaciones  y del Fondo de Apoyo a las Entidades  Federativas. Es en estos fideicomisos donde aterrizaría el dinero proveniente de la ciudad  de México, y  de ahí, una parte  se destinaría para pagar la deuda  contraída con los bancos.

Pero…¿dónde está la trampa? Pues  se localiza en el último párrafo  del artículo VIII, donde  se especifica que, los dos fideicomisos  que se  constituyan, no serán de índole pública, sino que serán de carácter  privado. Y tampoco formarán parte de la administración  pública estatal. ¡gulp!, pácatelas, diría una conocida historieta.

Se trata obviamente de  una  clara contradicción, pues  un dinero  público, producto de los impuestos  de  los tamaulipecos  y mexicanos en  general, no puede  ser administrado por particulares. Bajo semejante condición,  llegado el momento de que alguien les pida rendir cuentas, no se va a poder, porque,  dichos fideicomisos estarían en manos privadas, y  la información sería  absolutamente secreta. Imagínese hasta donde quieren llegar, y eso contando con el aval, llámese complicidad  de los diputados locales del PRI  y de la dirigencia priista  en Tamaulipas. Lo anterior, nos habla de un tema demasiado delicado, por donde quiera que se le vea, y nos remite a escándalos  como los  de Javier  Duarte  en Veracruz, Cesar  Duarte  en Chihuahua, y  Humberto Moreira  en Coahuila.

Otro ángulo, sin sustento legal, es el que se plantea en la página tres, donde se dice que lo anterior permitirá  acceder a mejores tasas de interés, como consecuencia de una estructura más sólida de los créditos. Todo esto va contra el artículo 26  fracción cuarta  de la Ley  de Disciplina Financiera, en la que se establece que será la Secretaría de Hacienda, la que establezca  la mejor metodología, con la finalidad de obtener la mejor tasa de interés.

Visto así, , tal parece que los del gobierno estatal,  están manejando  el tema, como  que si fuesen particulares, al buscar el cabildeo con los bancos, para ver quién de ellos, los trata mejor, en materia de tasas de interés. Y lo que  se debe hacer, es un estudio metodológico, de acuerdo con las normas de Hacienda.

Se  propone  que el refinanciamiento sea de carácter  genérico, lo cual legalmente no es posible, pues  debe ser claramente delimitado. De otra manera, advierten los expertos, se estaría violando el artículo 117 fracción VIII  de la Constitución General  de la República.

Se advierte, que el Gobierno del estado y  los bancos  que contraten el refinanciamiento  y el nuevo financiamiento, no pueden actuar a su arbitrio, pues el 25 de octubre del 2016,   la  Secretaría de  Hacienda, fijó las bases para  hacerlo.

Lo anterior implica que existe ya una metodología establecida por Hacienda, ero el Congreso local de Carlos García no la quiere acatar.

Fernando Acuña Piñeiro

Egresado de la Escuela de periodismo en la UAT.

Ingresó al periodismo desde 1985. Ha colaborado  como  reportero y columnista, en los principales diarios y portales  de Tamaulipas, (Expreso de Victoria, La Razón de Tampico, Expreso Matamoros,  Diario de Tampico, Reporteros en la Red y Gaceta, entre otros.