México, (Notimex).- La diputada, Cristina Gaytán Hernández, destacó la necesidad de llevar a cabo acciones que garanticen el derecho de las personas a disponer de agua, de manera suficiente para su uso personal y doméstico, siguiendo los más altos estándares.

Exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a los entes estatales del ramo y a autoridades municipales en esta materia garantizar el vital líquido, de manera salubre, accesible y asequible.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionó que México tiene el más alto nivel de consumo per cápita de agua embotellada en el mundo, unos 480 litros por año, lo que evidencia “la falta de confianza de la población sobre el vital líquido que le es suministrado”.

Sugirió atender las recomendaciones preliminares del Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Léo Heller, quien señaló que la Ley de Aguas Nacionales no refleja el marco de referencia de los derechos humanos.

Por ello, “se debería avanzar, consultando y colaborando con todos los sectores, especialmente con la sociedad civil, para aprobar una nueva ley", insistió Gaytán Hernández en un comunicado.

Agregó que, de acuerdo con la OMS, se requieren, en promedio, entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas (usos personales y domésticos) y evitar la mayor parte de los problemas de salud.

El organismo internacional expone que para tener un acceso básico a 20 litros de agua por día, la fuente debe estar a no más de mil metros del hogar y el tiempo necesario para ir a buscar agua no debe exceder de 30 minutos; mientras que, cuando hay agua corriente en las viviendas, el acceso es óptimo y es probable que se disponga de por lo menos 100 litros por persona al día.

Recordó que de acuerdo con el relator, 94 por ciento de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93 por ciento al saneamiento, “sin embargo, dichas cifras, si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las viviendas, que es dramáticamente inferior”.

Insistió en que este vital líquido, es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y salud de las personas, “además, disponer de él es un derecho humano que resulta indispensable para vivir dignamente y constituye condición previa para la realización de otros derechos, como el de la vida y la salud”.