Exige PRI cuentas a delegados federales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La Auditoria Superior de la Federación, que ha emprendido una revisión en el manejo de los recursos públicos de la SEDESOL federal y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá de fincar responsabilidades penales en contra de los funcionarios, si se comprueba irregularidades, exigió Lucino Cervantes Durán.
 
“No nos queremos adelantar en este sentido, ya que primero habrá que esperar el resultado de las auditorías que se están haciendo, pero definitivamente tenemos que señalar que en caso de que se comprueban las irregularidades, entonces se tiene que fincar una responsabilidad penal”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas.
 
Ello, al ser consultado acerca de las acusaciones que hay en contra de la ahora ex delegada de la SEDESOL Federal Lucía Irene Alzaga Madaria, así como también, en contra del delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Organista Barba.
 
En el caso de la ex titular de la SEDESOL Federal se le está acusando de haber malversado fondos pertenecientes a diferentes proyectos, que nunca fueron aplicados en Tamaulipas ni por su puesto entregados a quienes estaban incluidos en los padrones de la SEDESOL.
 
Mientras tanto, al delegado de la SCT, que aun esta en funciones, Jorge Organista Barba, se le está acusando de haberse auto prestado una fuerte cantidad de dinero que correspondía a apoyos que debió de haber entregado, en beneficio a los damnificados del huracán Alex.
 
Nosotros estamos esperando que las autoridades federales que están investigando estos casos, den a conocer los resultados de la revisión de los mismos, si los delegados federales son inocentes pues no hay problema, pero si les resulta una responsabilidad en ello, entonces tiene que procederse en su contra, adelantó.
 
“Ellos deben de ofrecer una explicación convincente ya que no se puede separar de un cargo a un funcionario de manera sorpresiva y simplemente, dejarlo a un lado, cuando tiene una responsabilidad  y más aún, cuando esta es muy sensible puesto que hay que aplicar recursos en política social, por ello se tiene que dar seguimiento a este caso”, dijo.
 
La investigación que estamos exigiendo debe de igual manera, en todos aquellos casos en que haya la utilización de recursos oficiales para otros fines, sea el funcionario de cualquier partido, concluyó.