Los enviados del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista nada aportaron a la reconstrucción del partido aquí en Tamaulipas, pues la consigna que quizá les dieron Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu Salinas fue privilegiar acuerdos para aparentar unidad, con miras a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria --a celebrarse en la Ciudad de México en agosto 12--, sin compenetrarse de más en el relevo doméstico que habrá de decidirse 14 días después.

Así lo derivo porque en los encuentros desarrollados en esta ciudad, el viernes y sábado que nos anteceden, no hubo pronunciamientos de su parte que impactaran al auditorio referentes al cambio de dirigencia local, a diferencia de otros surgidos de manera espontánea, que precisamente reclamaron que no aparezcan dados cargados en el proceso relevista. Y urgieron a que se nombre delegado.

De esta forma los jerarcas del CEN le jugaron (nuevamente) el dedo en la boca a la nomenclatura local, cuyo apuro no es definir las reglas de la agenda nacional, por el momento, sino la elección estatal mediante un ensayo democrático donde se respete el voto directo y secreto, que sería la mejor fórmula para designar una dirigencia fuerte e impugnable, como tanto se ha cacareado.

Esto mismo me lleva a puntualizar que si el tricolor no logra avances sustantivos a lo largo y ancho del país es por el desinterés centralista, ya que la conducción de cualquier partido político sólo puede tener éxito cuando se ejerce un liderazgo a toda prueba.

Es decir, cuando el dirigente en turno tiene como prioridad el fortalecimiento institucional, sin anteponer intereses personales o de grupo que puedan lesionar o fracturar al membrete en su conjunto.

El panorama

Viene a colación lo anterior porque en los últimos días algunos grupos de interés locales --y también los arraigados en el centro del país, con cuestionable presencia en la entidad, por qué no decirlo--, se han enfrascado en luchas estériles por alcanzar la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE), sin tomar en cuenta que su obsesiva actitud, lejos de coadyuvar al fortalecimiento de la institución, provoca hondas fisuras que de no atenderse a tiempo podrían desencadenar mayor encono y divisionismo.

Y es aquí, precisamente, donde el dirigente nacional está obligado a mostrar su sensibilidad.

Sobre todo instruyendo al nuevo dirigente estatal para que incluya en su equipo de trabajo a representantes de todos los grupos en aras de fortalecer el organismo de cara al proceso electoral 2017-18, que iniciará en septiembre próximo.

Es decir, sin adelantar vísperas, debiera aprovechar a todos los priistas que anteponen la institucionalidad a la mezquindad unipersonal, aun cuando éstos no sean gente tan estrechamente ligada a él como lo serían otros.

Y vaya que son muchos.

Cohesión ineludible

La cohesión que tanto requiere el priismo estatal para enfrentar plenamente fortalecido el proceso electoral del 2018, en teoría es sencillo lograrla, pero en la práctica hay necesidad de emplearse a fondo e ir al rescate de los cuadros que hasta hoy se sienten y son marginados.

A ellos se les debe convencer mediante el diálogo permanente, abrirles espacios de activismo partidista e involucrarlos en un pacto político que debería sellar la gran familia revolucionaria, si acaso el interés común fuera jugarse el todo por el todo en el proceso que inicia en septiembre próximo, en que se pondrán en juego la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y los 43 ayuntamientos.

De otro modo se correría el riesgo de que esos inconformes sean contaminados por otros militantes cuya indefinición ideológica salta a la vista y que la oposición trate de cooptarlos con el viejo cuento de hacerlos candidatos a las posiciones que estarán en juego.

Y lo más sencillo para la dirigencia estatal, sería dejarlos marcharse.

Pero no es lo adecuado; y menos cuando hay quienes han dedicado años al partido y sólo piden se les tome en cuenta como activistas; reclaman la atención de sus dirigentes, o buscan participar abiertamente en un proceso interpartidista de selección de candidatos.

Por ahí debe empezar la tarea más importante del relevo.

Sobre todo cuando hay la necesidad de fortalecer la unidad hacia dentro (del PRI) y la competitividad electoral hacia fuera; una democracia de calidad y una política social de avanzada.

Así que, ante la clase política y toda la estructura priista, el dirigente estatal que resulte electo en agosto próximo, está obligado a reconocer que el tricolor debe variar su manera de hacer política, so pena de, otra vez, morder el polvo.

Desorden urbano

La expansión demográfica de cualquier localidad trae consigo problemas que requieren ser atendidos adecuadamente, pues de lo contrario hacen crisis y rebasan el control de la autoridad.

Entre las disfunciones más comunes detectadas en las ciudades de todo el país –las que registran mayor crecimiento poblacional--, resaltan el desempleo, la inseguridad y carencia de servicios públicos adecuados, cuando menos.

Cotidianamente somos testigos de las críticas fundadas hacia la alta burocracia de parte de la ciudadanía o sus representantes, al comprobar cómo le sacan la vuelta a los problemas.

Drenaje, pavimentación, agua potable, recolección de basura, limpia de calles y avenidas, alumbrado y transporte público, son algunas de las asignaturas que siempre han estado pendientes de resolver (a plenitud), en tanto que los conglomerados crecen a ritmos vertiginosos, mientras el presupuesto se achica de un régimen a otro, y, lo que es peor, ya se hizo costumbre que el Gobierno Federal conculque a los municipios el dinero que por ley está obligado e entregar para aplicarse en distintos rubros de impacto social.

Bajo este contexto se acarrean verdaderos lastres, y, con todo y la promulgación de reglamentos que tratan de regular el desarrollo urbano, las dificultades siguen al alza porque no existe una adecuada planeación estratégica mediante la cual se visualice el crecimiento de las ciudades a 20, 30 ó 50 años; y sólo se da respuesta a las contingencias.

De esta manera las autoridades continúan ceñidas a la tradición de generar grandes expectativas cuando asumen un puesto, pero terminan arguyendo 1) que no alcanza el tiempo para cumplir con sus programas de gobierno, 2) que los recursos públicos son insuficientes para cubrir el compromiso, 3) que las leyes son imprecisas y obsoletas ó 4) que simple y llanamente la Federación ha mostrado poca disposición para superar la problemática.

Así hasta la saciedad y el cinismo.

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Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.