La deplorable crisis que enfrenta el campo mexicano, de ningún modo podrá aliviarse

1) Echándole la culpa a los propios agricultores;

2) Dando todas las facilidades a los productores extranjeros como se contempla en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), ni

3) Perdiendo el tiempo buscando culpables del infame fenómeno provocado por el mismo hombre, para dar paso al análisis que permita encontrar soluciones tangibles que contribuyan a recuperar (la mayor) parte de lo perdido; y, sobre todo, ofrecer que se revisen los términos de ese acuerdo comercial que pone en desventaja a los agricultores de acá de este lado del río Bravo.

Pero esto sólo se lograría habiendo disposición; cuando el interés comunitario en verdad rebase los intereses personales, de grupo o de partido, y se esté convencido de que sólo beneficiando a los que menos tienen es la mejor manera de avanzar juntos para enfrentar la globalización que amenaza con aniquilar el campo mexicano, gracias a las políticas erróneas con que se contrajeron acuerdos con la Unión Americana.

Durante los últimos días, una y otra vez, se han escuchado voces que invitan a defender los intereses del sector agropecuario ante la inminente renegociación del TLCAN.

Pero son pocas las que plantean cómo y cuándo hacerlo, sin que se piense que sus emisores lo hacen única y exclusivamente para llamar la atención; buscar los reflectores o simple y llanamente por mera demagogia, como podrían ser los casos de los legisladores y los dirigentes partidistas –de todos los membretes políticos, sin excepción--, que nada coherente plantean al respecto y sí, por el contrario, coinciden en señalar que el campo mexicano no puede esperar más.

No sólo porque ya se ha esperado demasiado, casi un siglo, sino porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tal y como está, en lo que respecta a la agricultura y ganadería, activaría una verdadera bomba de tiempo.

Y no es cuento. 

Factores de abandono

Algunos analistas refieren que el señor de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, hasta el momento ha evidenciado su falta de oficio político por no atender adecuadamente a los campesinos de México.

Y más: su carencia de sensibilidad para evitar la confrontación con los agricultores y ganaderos, que tildan su política agropecuaria como un acto de provocación, pues éste no descansa en recriminarles no aceptar, como suya, la culpa por la crisis que atraviesa el campo.

Cito lo anterior por creer que el mexiquense, con su actitud, trata de aminorar los reclamos en su contra.

De cualquier forma no se puede soslayar que los membretes campesinos, durante décadas, también han causado serios estragos al sector.

Y cabe recordar que hasta 1970 el tipo de organización social, política y económica que manipulaba a los hombres del campo se ajustaba al corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Bajo este esquema, precisamente, operaban las confederaciones Nacional Campesina (CNC), Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), y la Nacional Ganadera (CNG), que para el priismo cumplían métodos de control político y autoritario sobre los ejidatarios y propietarios rurales.

Pero todo por servir se acaba, reza un refrán popular, y a fin de no perder control por el descrédito en el que habían caído esos membretes, el mismo PRI financió el surgimiento de otros grupos, dizque defensores del agrarismo, como la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos (UGOCM), la Confederación Campesina Independiente (CCI) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

Con tres metas bien marcadas:

1) La regulación del acceso a los recursos naturales;

2) La legitimación de la representación social en las comunidades, los municipios y los estados; y

3) La planeación de la producción agropecuaria mediante el control de precios, la comercialización y la asesoría técnica.

Es obvio que el esquema resultó un fiasco durante los regímenes priistas y neo panistas –los de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa--, porque fuera de teorías y palabrería barata, en la práctica los campesinos resultaron mayormente explotados y se les utilizó, de entonces a la fecha, como carne de cañón en los procesos electorales.

¿A ver quién refuta ésta apreciación?

Alternativas

Hay analistas que sugieren que fuera de criticar el daño que se le ha hecho al campo mexicano, se adopten medidas que contribuyan a su recuperación, como una política hemisférica en pro de la seguridad alimenticia de los países firmantes del TLCAN para enfrentar los nuevos tiempos.

Incluso han ido más allá, al sugerir que lejos de sumirnos en lamentos por las políticas neoliberales, es necesario hacer planteamientos inteligentes para resolver del todo la situación del agro, previos a la renegociación formal del tratado, pues según se ve, éste sería harto ventajoso para los gringos si acaso se aprobara como lo ha planteado Donald John Trump.

¿O acaso habrá que esperar la llegada de un nuevo Presidente que sea capaz de pactar, con la cabeza en alto, acuerdos sustantivos a favor del campo mexicano?

Información veraz

Una sociedad bien informada, como la nuestra, poco caso les hace a las injurias de quienes anhelan el poder que les está negado.

Ya por no confiar en la oposición, o, porque simple y llanamente, no está dispuesta a dejarse engañar, otra vez, con acusaciones simplonas producidas al calor de la impotencia.

Por ello esta ciudadanía bien informada, en lo sucesivo, podría dar real sustento a la política y restarle poder a las camarillas, a la filtración, al rumor y otros instrumentos de política arcaica.

Y es que los tamaulipecos ya estamos hartos de la mentira.

Todos merecemos estar enterados del alcance y los objetivos que cada político y funcionario público tengan, para enseguida dar lugar a interpretaciones responsables.

No para continuar confundidos, ni ser de nuevo presa fácil de los oportunistas que buscan sacar provecho sólo en tiempos electorales, como los que se avecinan.

Cafres

Según las estadísticas que obran en poder de Tránsito municipal, en Victoria circulan diariamente alrededor de 220 mil vehículos automotores.

Es decir, casi uno por cada dos habitantes, sin contar con las unidades que de paso recorren la capital de Tamaulipas.

Del parque vehicular menos del 50 por ciento ostenta matrículas y engomados. Y menos ha causado alta en la Oficina Fiscal, por lo que su situación además de irregular es ilícita.

Pero esto poco les importa a los cafres que conducen esos vehículos para aprender a manejar; maniobrar en estado de ebriedad; causar choques y huir; estacionarse en lugares prohibidos, sobre la banqueta o en los cajones exclusivos para minusválidos –quizá por estar atrofiados del cerebro--, y, en el menor de los casos, causar caos viales por ignorar las reglas de tránsito.

Para enfrentar el problema bastaría renovar personal en Tránsito municipal, para operar una cruzada de revisión de documentos, donde podría intervenir no sólo el Cabildo, sino la actual legislatura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una representación de periodistas y personal de la Procuraduría General de Justicia, a fin de que la ley se aplicase sin exclusividades ni exclusiones.

E-m@il: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.