IV Informe de AEL

El magistrado Presidente Alejandro Etienne Llano rindió el cuarto informe  sobre el estado que guarda el Poder Judicial de Tamaulipas y la Impartición de Justicia ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Etienne Llano en su mensaje pronunciado en las instalaciones del Consejo de la Judicatura, ante los magistrados en pleno del STJE, del gobernador Egidio Torre Cantú, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local Guadalupe Flores, el alcalde de Victoria Miguel González Salum, líderes empresariales y del sector productivo y demás servidores jurisdiccionales destacó:

“se ha logrado estandarizar procedimientos; ha propiciado la utilización racional de los recursos; nos mantiene con una visión del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas; promueve la eficiencia al eliminar la improvisación y, en suma, brinda certeza en el desarrollo de los proyectos de crecimiento y mejora de la Judicatura.”

“El poder judicial asume 3 grandes compromisos: Compromiso institucional para redoblar esfuerzos, compromiso para renovar lazos de colaboración entre poderes y el compromiso para sumarse a un nuevo proyecto de gobierno para los tamaulipecos”.

“Gracias al respaldo del Ing. Eugenio Hernández Flores… quien demostró con hechos  su compromiso con el fortalecimiento de la justicia.  Mi agradecimiento sincero  por permitir el crecimiento de la judicatura acorde a las necesidades actuales“.

En materia de colaboración respetuosa entre poderes expresó: “Señor Gobernador, los servidores públicos del poder judicial compartimos plenamente su propósito de construir un Tamaulipas seguro, humano, competitivo y sustentable.”

Según el informe, el balance del ejercicio de la gestión judicial de Etienne Llano le es favorable; se cumplieron en un 65 por ciento las líneas de acción, se incrementó la productividad, avances importantes en el Programa Estratégico de Desarrollo del poder Judicial, se fortaleció la Judicatura, se alcanzaron las metas de impartición de justicia.

El Magistrado presidente destacó entre otros rubros la adquisición de tecnología de vanguardia, la capacitación y actualización del personal jurídico y administrativo, innovación de los procesos administrativos y jurisdiccionales e infraestructura.

Señalo que el pleno tramitó y resolvieron excusas, cuestiones de competencia, recusaciones, juicios contra ayuntamientos, reconocimientos de inocencia, amparos y quejas administrativas contara personal jurisdiccional por conducto del consejo dé la Judicatura, nombramiento de Jueces y secretarios  y aumento de la productividad  en primera y segunda instancia.

La pregunta obligada que surge ¿Quién debe analizar y evaluar el cuarto informe del Poder Judicial? La respuesta nadie. Ni tan siquiera el pueblo de Tamaulipas a través del Congreso del estado, por que la constitución política es omisa en ese sentido, ya que solo obliga al magistrado presidente a entregar por escrito el citado documento para su conocimiento.

Por otro lado del informe no se desprenden parámetros para medir la calidad de la impartición de justicia, es decir de un universo de resoluciones de primera instancia emitidas cuantas fueron confirmadas por el STJ y estas a su vez por los Tribunales federales Colegiados.

Tampoco del informe se desprende el costo beneficio de justicia, es decir dividiendo el presupuesto anual contra resoluciones o sentencias definitivas emitidas anualmente por jueces y magistrados, para saber cuánto le cuesta a los tamaulipecos  cada resolución.

Con motivo de la reforma judicial promovida por el entonces gobernador Tomas Yarrington, en diciembre del año 2000, los nombramientos, se le suprimió al congreso la facultad de designar a los magistrados directamente, para que fueran nombrados a propuesta del ejecutivo como actualmente acontece.

También con esa reforma le suprimió al Congreso la atribución de recibir el Informe anual de labores del Magistrado presidente sobre el estado que guarda la administración de justicia del Poder Judicial, para otorgársela al pleno de STJE, como ahora se hace.

En definitiva se hace necesario reformar la constitución para restituir al congreso del estado la facultad de nombrar directamente a los magistrados del STJE, mediante convocatoria abierta y exámenes de oposición, así como la obligación del magistrado presidente rendir ante el pleno legislativo el informe anual de labores sobre el estado que guarda el PJ y la impartición de justicia, compareciendo jueces y magistrados para aclaraciones.

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