Río de Janeiro, (Notimex).- Más de cuatro mil indígenas de Brasil realizaron esta semana una acampada en la capital del país, durante cuatro días, para protestar contra lo que consideran un intento del gobierno del presidente Michel Temer por reducir parte de sus reservas y cercenar sus derechos.

El Campamento Tierra Libre, celebrado anualmente, congrega en Brasilia desde el lunes pasado a representantes de 100 etnias brasileñas, quienes realizaron dos marchas a las puertas de las sedes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

“Es la mayor (congregación) de la historia”, dijeron los organizadores, en referencia a los miles indígenas llegados de diferentes puntos de Brasil para protestar contra las políticas del presidente Temer.

Las organizaciones indígenas entregaron este jueves un documento a las autoridades en el que denuncian “la más grave e inminente ofensiva a los derechos de los pueblos originarios desde la Constitución de 1988, orquestada por los tres poderes de la República junto con las oligarquías económicas nacionales e internacionales”.

El martes pasado, la marcha de tres mil indígenas a la sede del Congreso brasileño desembocó en enfrentamientos con la policía, que usó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la manifestación en la llamada Explanada de los Ministerios.

El 13 por ciento del territorio brasileño es tierra indígena, demarcada y homologada por el gobierno para el uso exclusivo de los pueblos originarios, pero ello no garantiza que los conflictos por la tierra, el oro, la madera o el petróleo en esos territorios hayan sido resueltos.

La Constitución brasileña estipula que sólo los aborígenes puedan vivir y usar sustentablemente esas tierras, la mayoría de ellas en el Amazonas, pero en algunas regiones el Estado está totalmente ausente y, en un clima de impunidad y corrupción, se producen violentos crímenes ambientales, incluso asesinatos de líderes indígenas.

Asociaciones indígenas denuncian que el gobierno de Temer se alió con los productores rurales y las grandes empresas mineras para desestimar la legislación ambiental y los derechos de los pueblos originarios sobre esos territorios.

Indicaron que el gobierno otorga permisos para extraer mineral de forma industrial de las reservas; reduce el presupuesto para los órganos fiscalizadores medioambientales o aprueba medidas legislativas para intentar reducir la extensión de tierras indígenas.

Asociaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente y los diversos grupos indígenas alertan de que esos proyectos pueden poner en riesgo la preservación del Amazonas, donde la deforestación aumentó en 2016 un 29 por ciento respecto al año anterior, hasta los ocho mil kilómetros cuadrados.