Los hechos ocurrieron en DF en diciembre de 2005, siendo jefe de Gobierno
Alejandro Encinas, Bernardo Bátiz Procurador de Justicia y Joel Ortega Secretario
de Seguridad Pública cuando detuvieron ilegalmente a José Antonio Zúñiga bajo
el cargo de homicidio.
La sociedad mexicana asiste hoy a un fenómeno singular: la victoria moral que
obtuvo un ciudadano encarcelado injustamente sobre el sistema judicial responsable
del atropello, y su enorme resonancia mediática.
Por su parte Víctor Manuel Reyes Bravo, quien aparece en el documental, como
testigo de cargo que involucró a José Antonio Zúñiga en el asesinato de Juan
Carlos Reyes, promovió el juicio de amparo contra la autorización emitida por
la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de
Gobernación, para la exhibición de Presunto Culpable.
Basando su demanda de amparo, por violaciones a las garantías individuales que
protegen su derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada. Argumentando
que nunca dio su consentimiento para ser filmado, mucho menos para aparecer en
una película.
En otras palabras, sostiene que nunca autorizó a los creadores de la cinta para
que su imagen fuera exhibida públicamente, ni para que su testimonio se use
comercialmente, considerando que la exhibición de su persona ante el público,
lo desacredita, lo cual atenta contra su dignidad humana.
Más allá de que la autoridad judicial federal
concedan o no la suspensión definitiva al quejoso, la exhibición del documental
“presunto Culpable”, la estridencia mediáticaha provocado un debate que ha privilegiado el tema de la censura en lugar del corrupto e ineficaz sistema
de procuración e impartición de justicia penal en el DF y de todas las
entidades federativas de la república.
Al efecto la cinta está basada en un caso real de injusticia, que junto con el
amparo Reyes Bravo o quienes están detrás de él han desnudado y exhibido la
podredumbre del sistema integral de justicia del DF y de paso políticamente a
Marcel Ebrard Jefe de Gobierno, ahora más preocupado por su candidatura
presidencial.
José Antonio Zúñiga Rodríguez, acusado sin evidencias físicas de un
homicidio calificado, habría sido impensable sin la intervención oportuna de
dos abogados, Roberto Hernández y Layda Negrete, quienes lograron filmar en el
Reclusorio Oriente la parte final del proceso.
Grabando de modo impecable una diligencia de careo, que reveló inconsistencias
y contradicciones, cuyo registro quedó totalmente excluido de la sentencia
final condenatoria.
“Presunto Culpable” denuncia la naturaleza perversa de un sistema de
procuración de justicia, en el que previamente al juicio se arma un expediente
que ninguna persona tiene derecho a cuestionar, cuya función es proteger a la
procuraduría y volver irrelevante el juicio mismo.
El documental ofrece testimonios aún más perturbadores, como el de un policía
que explica su curiosa concepción de la lucha contra el crimen: “Al acusado le
tenemos que inventar delitos, o exagerar las acusaciones, para que pase más
tiempo en la cárcel, de lo contrario los abogados lo sacan antes y se vuelve un
peligro para la sociedad”.
Existen además policías premiados por el número de personas detenidas y
acusadas, explican los abogados que realizan la cinta.
Esta corrupción generalizada es posible, porque en México prevalece la presunción
de culpa, según la cual el acusado tiene que probar su inocencia, en lugar de
ser la policía la encargada de probar la culpabilidad del detenido.
El documental se realizó con el propósito de revelar las corruptelas del
sistema procuración e impartición de justicia del DF bajo los gobiernos
perredistas, partido que se comprometió a corregir las corruptelas del sistema
priísta.
Ahora el debate de fondo no es la censura sino la validez del amparo. Una cosa
es que el quejoso haya conseguido eficientes abogados para formular un amparo,
otra cosa es culpar al amparo y otra cosa que el sistema integral de justicia-penal
del Distrito Federal no haya corregido ni un milímetro de lo denunciado.
De ahí que el jefe de gobierno del DF prefiere no solo apoyar la exhibición del
documental contra “la censura”, y promover reformas para que en lo futuro se
filmen los procesos penales, que ofrecer la reforma estructural del sistema
denunciado en Presunto Culpable.
La estridencia ha llegado al grado tal que abogados
experimentados lo mismo litigantes que figuras prominentes de la investigación jurídica
y la cátedra han caído en el juego distractor de interpretar el incidente de suspensión
provisional del acto reclamado ahora revocado, como un acto de censura a la
libertad de expresión, eludiendo el tema de la corrupción del sistema justicia
penal en el DF y de todas las entidades federativas de la república.
Los medios han centrado su enfoque en la censura pero cabe preguntar:
¿Dónde están los policías que detuvieron a Zúñiga, los ministeriales que lo
torturaron, el ministerio público que lo indició sin garantías, los jueces que
lo sentenciaron, los inútiles defensores de oficio, el Tribunal Superior de
Justicia del DF, los gobernantes que prometieron cambiar el sistema
judicial-penal represivo y de control social y político?
En definitiva el documental Presunto culpable al margen de los cuestionamientos
legales por la autorización de su exhibición, constituye una denuncia de un
caso de impunidad, corrupción e ineficacia del sistema policiaco, de
procuración e impartición de justicia penal del régimen perredista en el DF.
Analista político, autor de la columna Cuestión Pública publicada en el periódico de La Verdad de Tamaulipas, en el portal digita HOYTamaulipas, entre otros
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