Y, ¿Dónde está la ley?

En todo régimen como el nuestro, donde la democracia es la base, existen representantes populares, los diputados, que a nivel local o federal son la voz de las mayorías y quienes deben pugnar por leyes justas en todos aspectos.
 
Es obvio que los diputados no son expertos en derecho y tienen sus problemas para la interpretación de algunos ordenamientos o proyectos, pero para eso existen los asesores, quienes seguramente podrán emitir una muy valiosa opinión sobre el tema: hay aspectos que tienen que ver con salud, educación, productividad, aplicación de la justicia y muchos rubros más.
 
En ese sentido, un ciudadano puede tener una propuesta, o el mismo diputado pensar en una mejora al sistema social existente; el procedimiento es más o menos el siguiente: se hace la propuesta, se convierte en documento para presentarse como iniciativa de ley, se muestra al pleno y si se aprueba, se convierte en ley. Así de sencillo.
 
También hay otros aspectos que no siguen este patrón como es el caso del reglamento de tránsito del municipio de Victoria, la capital de Tamaulipas y que ha estado en las páginas de los diarios en estas semanas porque ya se han ganado algunos amparos y juicios contra este reglamento, dado que la forma en que aplican los estacionómetros no es precisamente adecuada.
 
En ese sentido, hay dos administraciones que tienen su parte de culpa: la anterior, por haber llevado a la aprobación del Cabildo un reglamento ilegal, y la actual, porque no han tenido el tiempo suficiente para entender que hay ilegalidades que se deben atender y subsanar. Tienen más preocupación en pelear por bancadas y exigir salarios más elevados que buscar el bienestar de nosotros, los ciudadanos.
 
Pero lo más criticable, desde nuestra óptica, es que cuando se presentó en su tiempo el reglamento de tránsito no hubo una persona del departamento jurídico de la presidencia municipal que dijera: “esto está mal”.
 
Somos un caso “sui géneris”: decíamos que nadie se atreve a contradecir a un alcalde, gobernador o presidente como si fueran perfectos, y la verdad sea dicha: tenemos buenos gobernantes en la mayoría de las ocasiones, que tienen una visión para gobernar que nos gusta, pero son humanos y no saben todo lo que hay.
 
En el caso del gobernador, por ejemplo, las cosas de salud las debe de atender el secretario de salud; las de educación, el ministro del ramo y así sucesivamente. Tienen la obligación de informar a su jefe y decirle si lo que hay está bien o no. Entendamos que el mandatario los ha ubicado en ese cargo porque confía en ellos, por lo que no hay que tener miedo de decirle al presidente, gobernador o alcalde: “no es por ahí, hay que cambiarlo porque no refleja las necesidades populares”.
 
Pero el miedo a perder el “hueso” puede más, y les damos por su lado, aprobando cuanto documento tienen a la vista, y como resultado tenemos en ocasiones reglamentos ilegales, como sucede en la capital tamaulipeca.
 
Todos los gobiernos tienen departamento o dirección jurídica que debe velar por esos aspectos, sin embargo, pareciera que tienen otras cosas más importantes qué hacer en lugar de cumplir con su trabajo.
 
Al alcalde anterior se le hubieran evitado muchas críticas si se hubiera visto la viabilidad de sus decretos, propuestas u ocurrencias.
 
Es de humanos errar.
 
Sin embargo, Miguel González Salum tiene la valiosísima oportunidad de consultar con los abogados del municipio para adecuar la ley de tránsito y convertirla en un ordenamiento legal.
 
No es concebible que la autoridad emita directrices fuera de la ley, no se vale, pues, y además, hay abogados por millares, y se puede contratar a un buen bufete para que asesore. Cuesta menos que cometer arbitrariedades, pues.
 
Y sucede en otras instancias: hay trabajadores que demandan al gobierno del estado, al ayuntamiento o a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ganan los pleitos porque su despido fue injustificado, fuera de toda ley existente.
 
¿Cómo es posible que suceda esto? Entonces nos preguntamos sobre la capacidad de quienes encabezan estas administraciones, porque tener colaboradores mediocres habla de una administración igual, y el caso es hacer bien las cosas.
 
Los errores son naturales, somos humanos, pero es necesario corregir cuando alguien se inconforma y no esperar las demandas que presentan a los gobiernos como entes sin ápice de legalidad y representatividad social.
 
En ese sentido, nuestros diputados deben ajustar las leyes para que no cualquiera pueda llegar y violarla.
 
Claro, se necesitan tamaños para hacerlo: conocimiento abrumador, miedo a perder la chamba y honestidad, mucha honestidad, quizá como la base de todo.
 
En el tercer de la administración, la presidencia municipal que encabeza Miguel González Salum podría regalar a los victorenses una buena noticia: que el reglamento de tránsito se convierta en ordenamiento legal, así de sencillo.
 
Finalmente, están labrando una carrera política, pero a base de errores de este tipo, difícilmente lograrán avanzar.
 
Comentarios: entrenos@prodigy.net.mx