Los señores legisladores tienen graves responsabilidades que se podrían sintetizar en elaborar, actualizar y hacer valer las reglas en los ámbitos federal o local; gestionar recursos materiales y/o financieros para los distritos o circunscripciones que representan y coordinarse con los otros dos poderes, ya sea a nivel nacional o en las entidades para contribuir a la buena gobernanza, es decir, procurar la armonía, el desarrollo integral de las comunidades mediante buenos servicios de educación y salud que garanticen la felicidad de sus votantes.

En el caso de nuestros diputados tamaulipecos, al igual que sus homólogos de otras entidades, tienen el deber de garantizar la soberanía popular, sin embargo, su labor se dificulta porque generalmente son incomprendidos ya que, por un lado, se dice que le cuestan mucho al erario, que son perezosos, que usan rodilleras ante el señor gobernador, que son humillados por todos los poderosos, que son sobornados por los alcaldes y que se dedican a darse una vida de hedonismo y de turismo legislativo (Ramiro Ramos Salinas sigue siendo un buen ejemplo).

En el caso de la llamada Ley Mordaza, nuestros legisladores fueron atropellados cuando menos tres veces: 1) cuando desde el Palacio del Ejecutivo les dieron la orden que obedecieron con lealtad perruna (incluidos los tricolores); 2) cuando se les vino encima el mundo de la opinión pública a través de las redes sociales y de algunos medios electrónicos y/o impresos que los condenaron como si fueran los únicos responsables de los errores gubernamentales y; 3) cuando el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca echó para atrás el acuerdo que los señores legisladores habían aprobado ¡por unanimidad!

Los guardianes de la soberanía popular y de la democracia sufren una devaluación más mientras el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos y el Responsable Jurídico, Abelardo Perales Meléndez, siguen tan campantes como personajes consentidos del jefe del ejecutivo quien ha demostrado una vez más que los señores gobernadores en funciones jamás se equivocan; cuando terminan su gestión a veces los persigue la justicia, pero ya lo bailado nadie se los quita.

Se informó que FGCV, anunció a través de sus redes sociales, el freno a las reformas al código penal del estado que impedían divulgar información acerca de las situaciones de riesgo que pudieran alertar a los grupos delincuenciales sobre los operativos de los cuerpos policiales; en un mensaje emitido por el ejecutivo estatal, anunció que “decidí no promulgar las Reformas al Código Penal de Tamaulipas; se harán ajustes garantizando en todo momento la libertad de expresión”.

Según elmanana.com.mx, mientras que el poder ejecutivo, a través de un comunicado fijó su postura al respecto señalando que “El Gobierno de Tamaulipas reitera que la esencia de la reforma al Código Penal de Tamaulipas, tiene como objetivo fundamental contar con elementos jurídicos para sancionar conductas realizadas por personas y grupos vinculados con la delincuencia, las cuales atentan contra la paz y la tranquilidad de los tamaulipecos”.

En el texto se lee que “las adecuaciones legales permitirán hacer frente a hechos y prácticas de grupos delictivos que buscan no sólo disminuir la efectividad de las corporaciones de seguridad, sino desacreditar a servidores públicos y corporaciones de seguridad, con la intención de restarles credibilidad y debilitar sus acciones en la persecución del delito”; en las reformas propuestas por el ejecutivo, se consideran como graves, los delitos de alto impacto, atentados a la comunidad, mismas que fueron aprobadas por el Congreso del Estado en sesión ordinaria.

El gobernador fue reiterativo en sostener que las reformas tenían el sano propósito de mejorar la seguridad; “en el caso del delito de atentados a la comunidad, se clasifica como delito el impedir el paso de las fuerzas de seguridad, mediante instrumentos poncha llantas, además se tipifica como delito el poseer uno o varios escritos con mensajes de alguna pandilla o miembros de un grupo delictivo.

En otro escenario, hasta que no se conozcan los resultados de las gestiones que fue a hacer el gobernador de Tamaulipas a China, la reversa que hizo a las reformas del Código Penal es una cortina de humo, consideró Alejandro Ceniceros Martínez; “lo que nos parece que esto es un juego, a un truco publicitario para que el mismo que propone  sea el mismo que vete: no tiene sentido ni lógica esa misma situación, por eso nosotros consideramos más bien que esto es hacer una cortina de humo para evitar que los ciudadanos se pregunten el por qué se fue el gobernador a China, qué ventajas trajo para el estado ese viaje” (SIC).

En los cambios que los legisladores locales aprobaron fueron tres los delitos que son susceptibles de ser utilizados contra el ejercicio legítimo de la libertad de expresión: ultrajes, “halconeo” y la modificación de información con fines de dañar o desprestigiar alguna persona o institución privada o pública (la llamada iniciativa anti-memes); es importante subrayar que los dos primeros, fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El coordinador estatal del Partido del Trabajo dijo que resultan inexplicables algunas situaciones como el hecho de que, en primer lugar, el jefe del ejecutivo estatal es quien presenta la iniciativa de Reforma al Código Penal del Estado ante el Congreso del Estado; “en segundo, el Congreso de Tamaulipas, violando la normatividad parlamentaria le da dispensa de trámite (es decir que no se analiza a profundidad) sin que hubiera urgencia ni obvia resolución y la aprueba por unanimidad”.

Según el comunicado del PT, para ACM resulta extraño que los diputados por voz propia, en entrevistas a algunos medios de comunicación, reconocieron que no habían leído ni siquiera la iniciativa, “entonces, ¿cómo la aprobaron?, ¿por qué lo hicieron?, definitivamente el Congreso no está haciendo bien su trabajo”; el exlegislador petista indicó que ahora resulta que el mismo que la propone, la va a vetar, aunque el boletín de prensa que envió el gobernador no lo dice claramente, solo se refiere a que hará algunos “ajustes”.

El ex diputado, quien sigue representando al PT pese a su decadencia, señala que no encuentra ninguna situación lógica en el actuar ante estas reformas al Código Penal que el gobernador debió haberlas revisado y analizado “y ahora resulta que porque ve que en los medios y las redes sociales que la gente no está de acuerdo lo va a modificar, me suena una vacilada, que no hay seriedad”.

Concluyó hoy agradeciendo a Coro Perales por la espléndida velada del fin de semana; vaya también el abrazo para Clara García, Marisa Avilés y Alfredo Marko.

Correo: amlogtz@gmail.com

Ambrocio López Gutiérrez

Periodista y Sociólogo.
Columnista en diversos medios  electrónicos e impresos.
Redactor en el equipo de Prensa de la UAT.
Profesor de horario libre en la UAM de  Ciencias, Educación y Humanidades.