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Nacerá en Tamaulipas Fiscalía Anticorrupción sin autonomía

Dependerá de la Procuraduría General de Justicia del Estado, reconoció el contralor Mario Soria Landero, tras informar que este martes será enviada la iniciativa de Ley al Congreso local
Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 27 de Marzo del 2017 a las 16:40

La Fiscalía Anticorrupción nacerá en Tamaulipas sin autonomía, dependerá de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJT), reconoció el contralor Mario Soria Landero
Autor: Liliana Torres
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía Anticorrupción nacerá en Tamaulipas sin autonomía, dependerá de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJT), reconoció el contralor Mario Soria Landero, tras informar que este martes será enviada al Congreso local la iniciativa de Ley.

En conferencia de prensa con el consejero jurídico Abelardo Perales Meléndez, el contralor dijo que el Sistema Estatal Anticorrupción pretende establecer los mecanismos de coordinación entre los órganos encargados de combatir la corrupción en el Estado y los municipios.

Además de regular la organización y funcionamiento del Comité Coordinador; emitir las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana; establecer las bases del Sistema Estatal de Fiscalización.

Además de instituir el Tribunal de Justicia Administrativa; la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos; y la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las competencias de dicho sistema serán de “coordinación, prevención, investigación, control y sanciones para las responsabilidades administrativas”, manifestó el contralor de Tamaulipas al agregar que serán diversos los órganos que integrarán dicho sistema.

Tal es el caso del Comité Coordinador que será responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal, diseño, promoción y evaluación de políticas públicas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción y emitir recomendaciones.

Incluso habrá un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco personas, que se encargarán de encaminar las propuestas ciudadanas y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, este comité será designado por una Comisión de Selección.

Esta última estará integrada por nueve ciudadanos, electos por un periodo de tres años y serán nombrados por el Congreso del Estado bajo los siguientes criterios: cinco integrantes electos de la convocatoria emitida a las instituciones de educación superior y de investigación, cuatro miembros electos de la convocatoria emitida a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Otro órgano integrante será el Comité Rector del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo Soria Landero al señalar que la reforma plantea que la prescripción para las faltas administrativas graves será de siete años, “ello obedece a que la investigación y sanción tengan un carácter transexenal”.

Además se incorpora a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas la figura de extinción de dominio, “la que procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, que sean competencia de las autoridades locales”.

Aunque la Ley no será retroactiva, aclaró que el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra contemplado dentro de las legislaciones locales y federales desde hace muchos años, de tal suerte que de encontrar casos reales de este delito se procederá en consecuencia.

La Declaración 3 de 3 será obligada con la reforma, que obedece a la reforma a la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015.

El propósito es crear el Sistema Nacional Anticorrupción que involucre a todos los órdenes de Gobierno, en donde los estados están obligados a establecer sistemas locales Anticorrupción, para coordinar a las autoridades competentes en prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

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