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Que nos cuesta entender

Por: Alejandro Margain Hernández El Día Domingo 12 de Marzo del 2017 a las 15:51

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Me dijo hace unos años mi Maestra de algunas cátedras en la Licenciatura en Historia, La Doctora Clara García Sáenz que no empezara una columna con una pregunta, pero es que ante la necedad de quien dirige las políticas públicas que tienen que ver con el sector agropecuario, no me queda más que preguntarme y preguntarles; ¿Qué nos cuesta entender?

La sociedad, cada miembro de ella, tiene el derecho inalienable, escrito en letras de oro en la Constitución a tener una vida digna; Los Estados Unidos de México en su Constitución Política de 1917, reconoce el derecho a la alimentación de forma explícita, al decir en su artículo cuarto que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, lo cual será garantizado por el Estado. En el mismo artículo se hace mención a que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por otra parte, en el artículo segundo de la Constitución se hace garante a la Federación, los Estados y Municipios de apoyar la nutrición de los indígenas y familias migrantes mediante programas de alimentación, en especial con la población infantil (http://plataformacelac.org/es/derecho-alimentacion/MEX)

Pareciera que la manera en que se garantiza actualmente la alimentación a los mexicanos es mediante la entrega de despensas e importación de alimentos de manera constante e indiscriminada; Lo mismo maíz, frijol, tomate, carne, lácteos, huevo, etc. Países con menor superficie como Uruguay o Nueva Zelanda son vendedores de alimentos a México y lo más preocupante quizá es nuestra dependencia con el mercado norteamericano, ante los embates racistas que nuestro vecino del norte nos endilga un día sí y otro también. Desconozco la manera en que la Secretaria de Hacienda, quizá en conjunto con SAGARPA, asigna las cuotas de productos que serán importados al país, pero quizá deberían hacer una especie de escalonamiento gradual, donde dichas importaciones vayan siendo reducidas, apoyando la producción local.

Mientras, a nivel nacional, año con año, SAGARPA implementa programas de producción de traspatio donde se pretende que las familias se involucren en la producción de huevo y verduras como una herramienta para mejorar su alimentación y su economía; Esta parte me parece excelente, y más cuando va acompañada con capacitación por parte de técnicos profesionales; Otras instancias como CONAZA, Sedesol o los gobiernos estatales y municipales aportan a estos esfuerzos con programas propios que buscan el mismo objetivo, una mejor alimentación, especialmente para los más vulnerables, los niños y los adultos de la tercera edad. Quizá el único punto en contra que pondría es la falta de comunicación entre las instancias, para crear un frente común más sólido y que deje mejores dividendos en el combate a la desnutrición o mala alimentación.

Sin embargo, queda un espectro aun por incorporar, que es la educación en sistemas de producción agropecuaria como una herramienta clave y que debería ser impartido en todos y cada una de las escuelas públicas y privadas en Tamaulipas, en todos los niveles; Se debe entender que darle un huevo, un tomate o una pieza de pollo no es la solución sino el enseñarlo a producirlo, y parte de la estrategia debería ser el recuperar las parcelas escolares, muchas de ellas en abandono o sin cumplir los criterios en que se basaron los constitucionalistas para aprobar en una dotación ejidal la existencia de las mismas

La ley nos dice lo siguiente: “En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, actuando conjuntamente; El ochenta por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado, a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos; Preferentemente, la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello, por acuerdo de la asamblea, podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso. Dichos contratos tendrán una duración máxima de tres años, excepto la aportación a sociedades y para su validez y subsistencia establecerán que quien la reciba deberá permitir que los alumnos efectúen sus prácticas agrícolas” Iniciativa de Ley, reformada al Artículo 70, en la Cámara de Diputados, 2013.

 (http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/mar/20130320-V/Iniciativa-5.html)

Aquí lo interesante seria ver como congeniar la producción agropecuaria, el pago a los trabajadores, sean estos ejidatarios, avecinados, mujeres del ejido, y que quede un remanente que pueda ser invertido en la escuela, tal y como la ley lo marca.

Así que ahí está la propuesta; Es cosa de encontrar la fuente de recursos, públicos o privados, darse el tiempo de aterrizarla, y empezar, con pasos cortos, pero firmes, a pensar en que nuestras próximas generaciones están a tiempo de aprender en las diferentes practicas agropecuarias que nos dan sustento y en una de esas, lento pero sobre seguro, podamos revertir una balanza agropecuaria negativa y asegurar así, un promisorio y libre de hambre, futuro para los ciudadanos de este país

No, aun no tengo la audiencia (por si estaban con el pendiente)

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Editorialista en HOYTamaulipas

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