Deudas y opacidad

A 60 días de que el gobierno de Egidio Torre Cantù recibió de su antecesor un estado colapsado económicamente como consecuencia del más grande endeudamiento, presuntos desvíos de recursos en dependencias del gobierno de Tamaulipas y municipios que ha alcanzado niveles de escándalo mediático y reclamo de la sociedad.

Circunstancias por las cuales hacen ineludible que el Congreso del Estado y la Contraloría gubernamental intervengan para deslindar responsabilidades.

Tamaulipas es una entidad ahogada por la deuda pública heredada de más de 10 mil millones de pesos difícil de solventar, una nómina estatal inflada que duplico la burocracia y un oneroso complejo de oficinas gubernamentales llamado Parque Bicentenario plagado además de fallas técnicas en su construcción y opacidad en cuanto a la propiedad de los predios  donde fueron edificados.

Por su parte la deuda pública municipal asciende a más de 4 mil millones de pesos en cuya suscripción el Gobierno estatal fungió como aval.

La falta de transparencia, de rendición de cuentas, opacidad y probable corrupción llevó a los ayuntamientos y a dependencias estatales, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros, amén de la posible desviación de recursos.

En la secretaría de finanzas estatal y tesorerías municipales se acumulan los cerros de facturas por saldar de deudas a proveedores, presuntas erogaciones y subsidios sin comprobar, posibles obras pagadas pendientes de concluir.

Así como cuentas de obras que fueron declaradas como terminadas y que supuestamente no existen físicamente, contratos de prestación de bienes y servicios e inversiones irregulares,  a la par del incumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos.

De ahí que las autoridades de la fiscalización de las finanzas públicas procedan a deslindar responsabilidades, aperturando las cuentas públicas, de los dos órdenes de gobierno puntualizando que si ex alcaldes y ex funcionarios Estatales son responsables del deterioro económico del Estado fincar responsabilidades.

Las cuentas públicas aprobadas por el congreso no implican el reconocimiento de la legalidad de las mismas, porque es un acto esencialmente político, realizado mediante un decreto que no reúne las características de  una ley, sino qué solo hace constar únicamente si existió exactitud y justificación de los gastos.

Pero no implica un reconocimiento legal de los actos realizados por la Secretaria de Finanzas y las tesorerías municipales con terceros o particulares generadores del ingreso obtenido o erogaciones realizadas con los mismos.

En cuantos aquellos ex funcionarios estatales y municipales que por los signos externos de riqueza, estos sean tan ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos recibidos a cambio de sus servicios, las contralorías del estado y municipios respectivamente deberían investigarlos en términos de la ley de responsabilidades.

El gobierno de Tamaulipas y sus municipios están técnicamente quebrados el incremento excesivo de la deuda estatal y municipal, los recursos públicos presuntamente fueron desviados a otros propósitos y muy posiblemente se hayan malversado.

Lo que la sociedad tamaulipeca demanda es una respuesta puntual a los señalamientos expresados, que los ex funcionarios hagan de su comparecencia la oportunidad para esclarecer los mismos y así precisar responsabilidades.

Como consecuencia, tendrían que ser llamados a comparecer los ex alcaldes de los municipios más endeudados, como Ramón Garza Barrios, Oscar Luébbert, Erick Silva, Oscar Pérez Inguanzo, Sergio Posadas, Arturo Diez Gutiérrez, Héctor López González, y los ex funcionarios Víctor de León Orti, Alberto Berlanga, entre otros sobre quienes recae la presunción de enriquecimiento ilícito.

La revisión de las finanzas públicas estatales o municipales no debe interpretarse como persecución, linchamiento político o cacería de brujas en contra de ex funcionarios, sino como la investigación de las causas de posibles quebrantos patrimoniales al estado y a los municipios.

Por otro lado en nuestro correo electrónico varios lectores nos han preguntado ¿Quién audita al auditor superior?

Conforme al artículo 86 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso debe ser la Contraloría interna dependiente de la Junta de Coordinación Política, ya que la ley de Fiscalización Superior, no señala nada sobre el particular.

Gerardo Robles Riestra, a quien el Congreso cito para el 15 de marzo, desde su designación como Auditor Superior del Estado de Tamaulipas (ASE), fue cuestionado porque previamente fungió como Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, por lo mismo no garantiza salvaguardar el principio de lealtad e imparcialidad en el desempeño de su función

En definitiva revisar el pasado es fundamental para que el presente y el futuro no se vuelvan complicidad y se establezca un nuevo cimiento de ética y probidad. La rendición de cuentas y la transparencia no es opción, es una obligación legal. Debe quedar claro que recurrir al perdón y al olvido es puerta grande a la complicidad, significa anular la legitimidad y fuerza moral del sufragio.

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