Sin lugar a dudas el mayor problema que tiene nuestro país es Donald Trump. La pobreza de la mayor parte de los mexicanos ha pasado a segundo lugar porque seguimos metidos en el debate en que nos colocó el empresario metido a político, y nuestros gobernantes todos, han decidido abordar los problemas alternos que surgirán si el señor Trump amanece un día con el hígado inflamado y comienza a expulsar a los indocumentados.

La Conferencia Nacional de Gobernadores y el Presidente de la República promoverán una estrategia jurídica de respaldo a los connacionales, que buscará colapsar el sistema legal norteamericano con los recursos de defensa que se promoverán, además de buscar acercamientos con los gobiernos estatales de Estados Unidos. No sé si los gobernadores y el Primer Mandatario hayan analizado otra alternativa, porque a decir verdad esta forma de combatir al señor Trump parece muy descabellada y aventurada.

Asumir una estrategia de este tipo sin pensar en alternativas o sin construir una segunda opción es buscar el todo o nada, y eso quiere decir que los mexicanos estaremos apostando a una sola carta: el destino de millones de personas porque así lo han determinado quienes nos gobiernan. Sin demeritar el acuerdo surgido de la organización que aglutina a los gobernadores de todo el país, creo muy aventurado un posicionamiento de este tipo acotando las posibilidades de éxito a una sola opción. Eso no es aconsejable.

Colapsar el sistema legal norteamericano puede resultar una estrategia fallida porque la propuesta de nombramiento del juez que falta en la Corte Suprema de Estados Unidos corresponde al Presidente Trump, y con toda seguridad le otorgará la mayoría en el máximo órgano de justicia. Esto quiere decir que desde ahí se podrá determinar el sentido de las resoluciones que recaerán en cada una de las acciones legales que se intenten para detener las deportaciones.

Me parece que este país tiene que echar mano de todos los recursos legales a su alcance para defender a nuestros connacionales radicados en Estados Unidos, es más, tiene que considerarse como una obligación gubernamental, pero de ahí a pretender que con una simple promoción jurídica se logrará detener la amenaza del presidente norteamericano, me parece garrafal. Apostar al todo o nada nunca ha sido aconsejable, y menos para un gobernante porque estaríamos condenando a millones de migrantes, y lo previsible es que el resultado sea la nada.

En México el sistema judicial en ocasiones se sigue orientando de acuerdo al interés de los gobernantes, pero en Estados Unidos las cosas son diferentes. No podemos ni debemos exponer el destino de seres humanos que necesitan certezas y no una aventura como la que decidieron correr cuando llegaron a suelo norteamericano. No podemos equivocar su destino. Al tiempo.