La dependencia precisó que también se determinaron 422, de las cuales 33 fueron judicializaciones, 159 acumuladas, 78 determinadas por incompetencia y en 152 carpetas fue autorizado en no ejercicio de la acción penal.
De las 33 Carpetas de Investigación judicializadas, 12 fueron presentadas ante jueces de Puebla; cinco en Baja California Sur; dos en los estados de Durango, San Luis Potosí, Yucatán, México, Baja California y Tamaulipas, respectivamente y una en Tabasco, Morelos, Nuevo León y Zacatecas.
Se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso, de las cuales dos corresponden a Yucatán y Baja California Sur; una en Puebla, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas; de estas se obtuvieron cinco suspensiones condicionales del procedimiento.
Derivado del trabajo de investigación ministerial especializado fueron libradas dos órdenes de aprensión, una corresponde al estado de Tabasco y otra a Tamaulipas, y se señalaron diez fechas para audiencias iniciales a celebrarse durante el primer trimestre de 2017.
Entre los asuntos llevados ante los jueces de control del nuevo sistema de justicia penal se encuentran expedientes considerados relevantes como el ejercicio a funcionarios públicos de carácter federal y municipal, candidatos, funcionarios electorales y partidistas.
Entre estos destacan los tipos penales relacionados con la fiscalización y rendición de cuentas de los partidos políticos y candidatos; la transmisión ilegal de datos del Registro Federal de Lectores; la realización de actos que afectan la libertad de sufragio; así como el uso de bienes y servicios para favorecer a un partido político.
La PGR detalló que en materia de violencia política se registraron 57 carpetas de investigación donde se detectó que el mayor indicie de este ilícito se comete contra mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas.
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