México, (Notimex).- Los ahorros que se deriven de la implementación de la firma electrónica avanzada en los procesos internos del INE, estimados en cerca de 15 millones de pesos, serán destinados para “atemperar” el ajuste a su presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados por un monto de 300 millones de pesos.

El director ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), Bogart Montiel, informó lo anterior, al reconocer que dicho ajuste “ha provocado el aplazamiento de ciertos proyectos (que) se irán cubriendo hasta donde sea posible”.

Por ello, “los ahorros estarán siendo destinados a presiones generadas a partir de la reducción hecha por la Cámara (de Diputados)”, aun cuando estos son menores, añadió el funcionario en entrevista con Notimex.

Resaltó que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos implementa desde marzo de 2016 la firma electrónica y a partir del 20 de noviembre de ese año, inició operaciones en la Dirección Ejecutiva de Administración.

De tal suerte que la firma electrónica –que obtuvo el 21 de diciembre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova-, “se utilizará en todos los espacios en los que sea posible usarla. Será aplicada tanto con destinatarios externos como internos”, comentó.

Montiel Reyna indicó que si bien “sería muy atrevido decirlo”, lo cierto es que en este año se trabajará en “la notificación a partidos, lo referente a la industria de la radio y la televisión, así como a la fiscalización (de los ingresos y gastos de los partidos políticos) que son tres de los más importantes.

Con la implementación de este mecanismo tecnológico se podrán agilizar diversos procedimientos que, al realizarse vía electrónica y no en papel, le generarán ahorros financieros y en horas-trabajo de los empleados del INE, además de que producirán un beneficio en favor de la ecología.

En la primera etapa de la implementación de la firma electrónica avanzada, el INE notifica a más de dos mil 700 concesionarios de radio y televisión, una vez a la semana en periodo ordinario y dos veces por semana en proceso electoral, sobre las pautas de transmisión de mensajes de autoridades electorales y de partidos políticos.

Mientras que en el procedimiento de entrega de una orden de transmisión y materiales de radio y televisión a los concesionarios, intervenían 428 funcionarios de los órganos centrales y desconcentrados, que requerían un promedio de 4.86 horas para hacerlo.

Además, se empleaban 215 vehículos, que recorrían 24 mil 447.05 kilómetros, a lo que se suma la utilización de diversos insumos de papelería, como son hojas membretadas, etiquetas, discos compactos y otros medios de almacenamiento de audio y video.

En este procedimiento, el Instituto Nacional Electoral invertía por cada entrega semanal 202 mil 451 pesos.

Tan sólo para la elección federal de 2018, cuando se elija presidente de la República, además de que se renueven las Cámaras de Diputados y Senadores, y se lleven a cabo comicios locales concurrentes en 30 estados, el INE podrá ahorrar recursos por aproximadamente 15 millones de pesos en la notificación de pautas.

Otro procedimiento en el que se emplea este mecanismo es en las notificaciones a cada uno de los órganos desconcentrados del Instituto para informar a ellos sobre el estatus del ejercicio de su presupuesto.

En este proceso el órgano electoral envía recursos a más de 360 puntos a nivel nacional, a los cuales se debe dar puntual seguimiento sobre el ejercicio del gasto.

Bogart Montiel informó que en este caso “se realizaban 360 oficios cada mes, se firmaban de manera autógrafa y eran enviados a través de paquetería a cada una de las juntas locales y distritales del país”.

Con la implementación de la firma electrónica en este proceso se generarán ahorros por más de dos millones 300 mil pesos anuales y, además, “permitirá que la información viaje electrónicamente con lo que se podrá tener mayor rapidez, economía y certeza en cuanto al acto jurídico emitido a través de este mecanismo”, anotó.

La firma electrónica avanzada del Instituto Nacional Electoral se fundamenta en los principios de autenticidad, confidencialidad, equivalencia funcional, integridad y neutralidad tecnológica.

Es decir, otorga certeza de que el documento o mensaje de datos ha sido emitido por el firmante, de manera tal que su contenido le es atribuible al igual que las consecuencias jurídicas que de él deriven.

Además, garantiza que sólo pueda ser legible por el receptor al que va dirigido el mensaje; satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa en los documentos impreso y asegura que el mensaje de datos ha permanecido completo e inalterado desde su firma.

Para llevar a cabo el firmado electrónico de documentos, el INE emite tres elementos al usuario: Llave Privada (.key), Contraseña y Certificado Digital (.cer) y un Sistema Informático que incluya la funcionalidad de la Firma Electrónica Avanzada.

La Firma Electrónica Avanzada se otorgará a todos aquellos funcionarios, de los órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales del Instituto, que participen en procesos específicos en los que este mecanismo pueda implementarse.