El peso de la ley

Hemos visto esta frase una y mil veces, pero desgraciadamente, no pasa mucho que digamos: la ley, y lo sabemos muchos, no aplica en forma uniforme entre los ciudadanos.

Hay casos en los que un individuo comete un ilícito y se le otorga la oportunidad de enmendar la falta y listo, se acabó el problema y recupera su libertad y una “honorabilidad” conseguida a través de sumas fuertes de dinero, pero no de una trayectoria que la sociedad conozca y avale como adecuada.

Los que infringen una ley deben atenerse a las consecuencias, y esa es la máxima del derecho, que busca que los ordenamientos emanados de los Congresos, federal y locales, se lleven a cabo al pie de la letra.

Cierto es también que las leyes tienen una serie de artículos, capítulos y demás, que algunos les llamamos “recovecos” y que permiten que quien comete un delito pueda librar la cárcel o inclusive una sentencia que puede ser económica.

Pero hay de todo y para todos.

En el Congreso se hacen las leyes y por lógica todos esperamos que nuestros legisladores sean escrupulosos observadores de los lineamientos que permiten una convivencia adecuada. Los diputados deben ser honorables en todos sentidos, porque representan lo más importante de una comunidad: su gente. Así de sencillo.

Y en el caso de Tamaulipas, la diputada Guadalupe Flores de Suárez ha iniciado su gestión como presidente de la Gran Comisión fundamentando la labor parlamentaria en el diálogo y estricto apego a las leyes; a la diputada se le conoce muy bien en la entidad porque ha ostentado diversos cargos de elección popular y partidistas, y dicho sea con honestidad, los ha llevado de buena manera, lo que le ha valido seguir siendo tomada en cuenta.

Hay muchos diputados que tienen cualidades humanas transparentes, sin embargo, en ninguna parte del mundo podemos estar ajenos a que se cuele alguna persona poco honorable, es decir que en todas partes podemos encontrar a los tramposos que nunca faltan y hacen de las suyas.

El secretario de un diputado, hace varios años, pagó un servicio con un cheque sin fondos.

El reclamo no se hizo esperar por el afectado, a lo que recibió como respuesta: “no te preocupes, cheques rebotados a todos nos pasa, es lo más natural”. El enojo del ciudadano fue inmediato: “a todos no, porque yo no vivo de trampas, así que págame, pero en efectivo”.

Anécdotas verdaderas como éstas hay miles, y dentro de la administración pública hemos visto desfilar también a gente de todos los niveles de honorabilidad, desde los que cumplen cabalmente con su trabajo hasta los que aprovechan todo lo que está frente a ellos para beneficio personal.

Así, tenemos funcionarios y alcaldes que tienen vehículos oficiales para ellos y sus familiares, pero no es todo, porque en cada ocasión que salen a comer a algún restaurante, pagan y piden la factura: “házmela a nombre de gobierno”, dicen, y obviamente, esto se va a las arcas del estado, cuando no tenemos por qué pagar los lujos que ostentan sin merecerlos.

Aclaramos que hay de todo: los tenemos también que pagan todas sus cuentas y se movilizan en sus vehículos particulares, pero el caso es que muchas de esas irregularidades son sometidas a una “aprobación” de los mismos malos servidores públicos.

Y ¿luego? Dirían algunos: vienen las revisiones o las grandes deudas que dejan a las siguientes administraciones, y es cuando todos pegamos el grito en el cielo, aunque casi siempre es muy tarde, porque ya no están y no quieren hacer lo que se llama “cacería de brujas”, o por otro tipo de compromisos.

Es delito ejecutar obras y cobrarlas sin haber hecho lo que prometieron; es delito, también, pagar la escuela de los hijos de servidores públicos con fondos de becas cuando los muchachos no tienen calificaciones para ello. También se considera delito viajar de vacaciones con cargo al gobierno, porque no tenemos por qué hacerlo los contribuyentes, que, finalmente, somos los que cubrimos esos gastos.

El Congreso tamaulipeco tiene hoy la misión de solicitar una exhaustiva revisión de las cuentas de ex alcaldes y es titulares de organismos públicos descentralizados en los que exista la duda.

No pasa nada. Si la gestión se llevó a cabo con toda transparencia, lo único que harán las auditorías será avalar la buena decisión de haber tenido a un servidor de esa talla. En caso contrario, podrán ser la causa de una denuncia de tipo judicial que puede concluir en castigo penal.

No tenemos por qué solapar a nadie. Algunos burócratas se quejan de haber sido despedidos por haberse llevado unos lápices o plumas, o por haber hecho uso de las copiadoras para uso personal, pero critican a aquellos que se sirven con la cuchara grande.

Tenemos un gobierno fuerte, duro, exigente, y también contamos con diputados que quieren dejar una huella en la sociedad.

La oportunidad está enfrente: es momento de checar las cuentas de todos, aunque hoy tengan fuero, y de haber encontrado irregularidades, lo menos que se puede pedir, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, que hagan caer todo el peso de la ley para quien defraudó la confianza de los gobernantes y de los que votamos por ellos.

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