No entiendo, quizá igual que Usted, cómo es posible que el Gobierno del cambio todavía no actúa legalmente contra quienes saquearon las arcas públicas en beneficio personal, cuando han sido los mismos funcionarios de la nueva administración quienes han señalado con índice de fuego un cúmulo de ilícitos. Tanto o más que los diputados locales --de extracción albiceleste--, que, mediáticamente, se muestran dispuestos para llevar al cadalso a tantos malhechores.

Sobre todo por el mar de documentos que aparecen cotidianamente en todas las áreas para sustentar acusaciones --por prácticas contrarias al ejercicio público--, bajo un marco legal, como espera la sociedad, que, con su voto, contribuyó a la alternancia.

Ésa que de ningún modo plantea una cacería de brujas, pero sí una actitud congruente entre el decir y el hacer, por parte de quien es, ahora, fiduciario del poder.

Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con: obras que no existen; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos, siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo, mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos menos graves a los que serían:

1. a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos que se supone debieran existir en las arcas;
2. b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de los otrora influyentes jerarcas gubernamentales; y
3. c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin haber brindado servicios –se les llama fantasmas--, que aparecieron con las auditorías practicadas al finalizar el anterior régimen; y las nuevas ya ejecutadas por el régimen del cambio.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga la forma, el método y los procedimientos a seguir en la etapa de transición, así como los plazos para requerir información sobre las finanzas y su consecuente aceptación (u observaciones), previos al análisis de la Auditoría Superior del Estado, apoyada por una comisión legislativa.

Ahí se establece claramente un lapso de 60 días hábiles para que la administración saliente rinda cuentas claras a la entrante, aunque ello no impide que en caso de detectarse irregularidades pueda procederse, vía penal, posteriormente por las infracciones cometidas.

Tal vez por eso el gobierno del cambio no ha actuado, todavía, para proceder contra los saqueadores.

Y eso que sus pillerías han sido detectadas en todas las áreas.

De cualquier forma, hay ciudadanos que se preguntan esto: ¿Hasta cuándo el mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca llevará al patíbulo a quienes en el pasado tanto daño hicieron a Tamaulipas?

¿Usted también?

PRI abandonado

La sede estatal del PRI luce tan deteriorada, que hasta pena (ajena) da a sus visitantes.

Hace falta darle una manita de gato.

¡Qué digo, un zarpazo de tigre!, cambiar el mobiliario, dotarla de equipo, corregir la mala distribución de las oficinas y hasta reemplazar gran parte de los recursos humanos, aunque sé que por pagar la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), es poco el dinero con que cuenta para enfrentar el gasto.

De cualquier forma tiene que cubrirlo.

Sólo así podría renovarse su imagen en buena medida, pues resulta patético simplemente ver las paredes pintarrajeadas, los vidrios rotos, las alfombras raídas, el aire acondicionado sin funcionar, los escritorios y sillas viejos y uno que otro lonche mordisqueado o refrescos plagados de moronas sobre los muebles.

Así, hasta se pierden las ganas de trabajar, según me han dicho.

Y más cuando ni siquiera el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Enrique Ochoa Reza, se ha tomado la molestia de visitar nuestra entidad para encontrarse con la estructura.

Y eso que por reglamento interno al tricolor le restan pocos días para emitir la convocatoria tendiente al relevo.

Contra Maky

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local ha sugerido, amagado o advertido, a la alcaldesa de Reynosa (Maki Esther Ortiz Domínguez), bailar al son que él toque, so pena de abrirle un juicio político.

Y ella, a través de un twitter ha respondido que le permitan trabajar; que le den chance, amparándose en el Código Municipal que consiga su derecho.

La embestida contra la edil arreció cuando, a través del Facebook le pidió al mandatario declarar zona de desastre a Reynosa por las lluvias.

Con o sin justificada razón.

Lo cierto es que Carlos Alberto García González se le ha dejado ir a la yugular con cualquier pretexto.

¿De motu propio o bajo consigna?

Vaya usted a saber.

Pero confirmando está que ‘perro si come carne de perro’

Almaraz en Monterrey

Este día el alcalde de Victoria, Óscar Almaraz Smer, participa en la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, desarrollada en Monterrey (Nuevo León).

Allá se analizan, discuten y se fijan posiciones de las políticas normativas, programas, proyectos y acciones en la materia.

Previo al evento, el munícipe tamaulipeco sostuvo un encuentro con su homólogo regiomontano, Adrián de la Garza, quien por cierto preside la Conferencia.   

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Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.