Inverosímil que hace apenas unos  meses la Procuraduría General de la República por orden directa del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) interpusiera acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borges respectivamente y sus congresos locales. Esto, para frenar las reformas con las que pretendían imponer fiscales, contralores y magistrados anticorrupción que trascendieran sus mandatos y así blindarse de la justicia y sus consecuencias.

Es difícil de creer puesto que recientemente se nombró a Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República, hecho que ha generado inquietud, ya que se teme podría convertirse en el primer Fiscal General de la República, posición con un término de 9 años, lo necesario para que el ejecutivo actual goce, en su caso, de ser fiscalizado por un ex subordinado.

Estas sospechas no se han realizado con base a hechos sólidos, así el señor Raúl Cervantes Andrade aspire a  dicha posición, el método de selección no es una asignación directa del ejecutivo. De manera sucinta y omitiendo algunas condiciones, el procedimiento es el siguiente: 1) El Senado de la República presenta una lista de 10 candidatos al Ejecutivo, 2) El Ejecutivo selecciona una terna de los primeros 10 candidatos y 3) El Senado de la República con la votación de sus dos terceras partes, selecciona el Fiscal General de dicha terna.            

Sin ánimo de alarma, la suspicacia presentada es debido a la posibilidad de que arribe a una posición tan importante un perfil con carencia de idoneidad. No cuestionamos la capacidad y virtud profesional del Procurador actual, cuenta con un doctorado en derecho por la Universidad Panamericana y una prolífica carrera como abogado, sin embargo, omite la que posiblemente sea el atributo de mayor peso para la posición: autonomía de intereses.

En un país como México, con un altísimo nivel de impunidad y corrupción, el perfil de una figura como Fiscal General de la República no solamente debe representar una esperanza simulada para apaciguar las exigencias de un pueblo cada vez más despierto. Es por esto, que desde un inicio (y no esperar los primero 9 años) su perfil debe de ser: autónomo del poder ejecutivo; independiente de los intereses de partidos, políticos y élites económicas; Imparcial; reputación impoluta con respecto al cumplimiento de las leyes de la constitución; impávido para  promover la acción penal; y tener amplio dominio del derecho.

Si el flamante Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, tiene una legítima vocación de servicio, estará consciente que los intereses colectivos se encuentran por encima de sus ambiciones personales, y así, proceder a sentar las bases preparatorias para una exitosa conversión de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, donde su extensa militancia priista le impide presentarse como su primer titular.  

La reforma del artículo 102 de la Constitución, que establece que el Ministerio Público estará encabezado por un Fiscal General de la Nación,  se llevó a cabo por la necesidad de presentar un perfil distinto a los anteriores. Tuvo la oportunidad el presidente EPN de mostrar voluntad al cambio necesario, si hubiese nombrado un candidato apto y no optar por compensar la silla que no consiguió en la Suprema Corte de Justicia a Raúl Cervantes Andrade, por el mismo hecho de no contar con independencia partidista.

Si lo estados no, la federación tampoco.

Sandro Cappello

Es Director de Investigación Político Sociales en Consultores y Asociados ESTATAM, con presencia en el noreste de México. Además es docente a nivel Maestría.