Ayotzinapa, dos años en guerra política y cero justicia.

Corría 2012. Normalistas de Ayotzinapa en protesta incendiaron una gasolinera. El empleado Gonzalo Miguel Rivas Cámara evitó la explosión, pero la intervención le costó la vida.

El hombre es considerado un héroe.

Los normalistas, unos porros.

El secuestrar autobuses, es un delito.

El vandalizar automóviles y viviendas, es un delito.

Quien comete delitos es delincuente.

Los normalistas entonces, son delincuentes. 

Porque siendo francos, el 26 de septiembre de 2014 no fueron a sacarlos de los salones de clase, fueron bajados de autobuses secuestrados.

Por sus acciones murieron adolescentes inocentes del equipo Murciélagos.

Los normalistas no saben de valores.

Al contrario, las autoridades de la Normal Rural no sólo aprueban estas medidas sino que las fomentan.

Muchas acciones de normalistas serían de expulsión en una institución seria.

¿O qué institución permitiría a sus alumnos secuestrar autobuses o lanzar petardos?

Si lo hace un ciudadano promedio, seguramente será sancionado con todo el rigor de la ley.

Pero, eso de ninguna manera justifica la barbarie a la que fueron sometidos los 43.

Sin embargo pone en evidencia un estado débil y un grado de impunidad asqueroso.

En esa cancha jugaban los ayotzinapos.

Y cuando juegas a ser violento puede llegar alguien más violento.

Esos jóvenes fueron utilizados como carne de cañón por  la guerrilla urbana y terminaron siendo arrasados por el contubernio entre el Estado y la delincuencia.

En el terreno de las conjeturas, sin ese episodio tendríamos entonces 43 potenciales vándalos de la CNTE.

Lo peor de todo es que de ser un asunto de justicia, pasó a ser un asunto de puros intereses políticos.

Todo se ha ido en movilizaciones, marchas, plantones, exigiendo justicia.

¿Y la justicia para Gonzalo Miguel Rivas?

¿Por qué la CNDH y la CIDH no intervinieron entonces?

¿Acaso es necesario cometer delitos para ser digno de su atención?

La ley se tuerce por encima de la justicia.

Y al final, terminamos bajo la ley de la selva.

Esa misma que los normalistas aprovechaban para sentirse impunes y que ahora es la que los lastima profundamente.

Sus deudos tienen derecho a exigir justicia.

Y evidentemente el estado no quiere, no puede y no le conviene, impartir justicia.

Porque ellos mismos son cómplices, participes y beneficiarios de la falta de justicia.

Murillo Karam y su mentira histórica son una muestra de lo podrido que está el sistema.

La protección de Peña Nieto a sus esbirros y su caradura al ser sorprendido transando, así como el cinismo de sus colaboradores al exonerarlo son insultantes para la población pensante.

Así de perdido está México.

Y así de perdidos estamos todos, mientras nos seguimos deslizando en un tobogán sexenal que al parecer no terminará nunca.

Jiribilla

Y hablando de injusticias, Enrique Ochoa cobró 1.8 Millones de pesos por menos de tres años de servicio en CFE. 

A un obrero le dan su quincena y digan que le fue bien.

Afirman que es legal, porque así se despachan los señores, con la cuchara grande mientras a la ciudadanía le dan migajas.

Pobre PRI, no entiende que no entiende. Siguen las sinvergüenzadas.

Twitter: @anibalmsilvamx

Aníbal Muñiz Silva

Maestría en Tecnologías de la Información.

Editorialista desde 2006