Vara para medir

El gobernante toma decisiones, desarrolla un plan de trabajo, realiza actividades diversas, todas, con un solo fin: cumplir objetivos de tipo social, satisfacer las necesidades y demandas de la población. Para cumplir con tales propósitos no está solo: cuenta con un equipo de colaboradores. Y todos, tienen que llevar el mismo paso; con eficiencia y con eficacia.

Cuestionado Egidio Torre Cantú sobre la evaluación de sus colaboradores, su respuesta fue tajante. No esgrimió indicadores, de si se avanza en el combate a la pobreza, de si hay menos inseguridad pública, de si hay más empleos y mejores sueldos. No, el indicador valido, es válido para todos y en todos momentos: que la ciudadanía este contenta con el gobierno, con sus programas, con sus acciones y actividades.

Es buen criterio. Si de pronto resulta que ya no hay dinero como se planeo, es que hubo una falla en la Tesorería; si de repente aparecen campesinos, productores rurales quejándose y demandando apoyo, algo debe estar sucediendo en la dependencia que dirige Jorge Reyes Moreno o si hay marchas y plantones, ahí frente a palacio, de grupos sociales demandando regularización de la tierra… habría que preguntarle a Roberto Darwing sobre los hechos.

Buena medida, o indicador, que el gobernador usara para medir la eficiencia y eficacia de sus colaboradores. Y, desde luego, no creo que olvide el indicador legal: la ley de responsabilidades de los servidores públicos establece, en su artículo 47, explícitamente 20 obligaciones que deben cumplir en el desempeño de sus funciones. Si no lo hacen, obvio, que están faltando a la protesta que hicieron al asumir el cargo.

La Contraloría Gubernamental, en cualquiera de los niveles gubernamentales, se creó para evitar la corrupción; el mal uso, o aplicación, de los recursos públicos; la desviación de los mismos, el desfalco o, sencillamente, la sustracción de los mismos. Había la certeza, como se sigue teniendo, de que hay malos servidores públicos. En este momento, por ejemplo, hay certeza de que buen numero de ex alcaldes se “bañaron”, hicieron de las suyas, a costa del erario público.

Verdad o realidad que nadie discute. Sin embargo, sus cuentas fueron revisadas por la Auditoria Superior, fueron verificadas por la Contraloría Estatal y, al final, aprobadas por los diputados. Lo recordamos muy bien: José Zermeño, el antecesor de Gilda Cavazos, no se anduvo por las ramas: una y otra vez, lo dijo, lo reitero: las cuentas están claras, no hay nuevos ricos, incluso, sentencio. Los hechos, sin embargo, se encargan de llamarle mentiroso.

Ahora, Gilda Cavazos, hace un compromiso: claridad y respeto por la ley. Declaración que, a todas luces, esta a tono con la actitud y las decisiones que ha tomado el gobernador Egidio Torre Cantú. Cumplir la ley es, para todo gobernante, el mandato que protestan cumplir al asumir el cargo. Y de eso, de que cumplan y hagan cumplir la ley, el pueblo esta sediento: de justicia.

CONTRAESQUINA.

Rolando González Tejada pide, a sus compañeros diputados –principalmente a sus compañeros panistas-, que no midan por igual a todos los ex alcaldes. Que si los acusan, lo hagan con los papeles en la mano, vaya pues, con las pruebas. ¿A quién pretenderá defender? ¿Acaso a Oscar Pérez Iguanzo o a Ramón Barrios?

Lucia Aimé Castillo y Bladimir Martínez Ruiz, los subsecretarios de Diodoro Guerra en la SET, almorzaron ayer con la Secretaria Particular: solo nos pusimos de acuerdo, dijo Bladimir, porque ya vamos a una reunión de trabajo. No hay el menor indicio de que dejara la chamba, tal y como lo filtraron los “profes”.

Miguel González está en sus trece: los regidores solo ganaran 24 mil pesos, casi la mitad de los 45 mil que ganaran los directores de área. El sueldo, en cualquier lugar, depende del trabajo y la responsabilidad. Es la explicación que Miguel no ha dado a los regidores: unos trabajaran más de 8 horas al día, incluso sin horario; y los otros, los regidores, siempre lo hacen en ratitos.

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