México, (Notimex).- Desde hace tres años no se construye vivienda popular y esto ha producido una caída de ocho mil hogares que se han dejado de construir al año, sostuvo el asambleísta Juan Gabriel Corchado Acevedo.

El legislador participó en la mesa denominada “Vivienda”, durante el tercer día de actividades de la Primera Semana de la Seguridad Social y el Empleo de la Ciudad de México, organizada por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la ALDF

Ante esa situación, Corchado Acevedo consideró que es urgente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) trabaje en la reforma de las Normas Generales de Ordenación, específicamente aquellas que regulan la construcción de vivienda social en la Ciudad de México.

Ello, abundó, a fin de dar cumplimiento a un punto de acuerdo aprobado por unanimidad ante el pleno legislativo para conmemorar la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al respecto, la secretaria del Trabajo, Amalia García Medina, señaló que este tema es muy importante para el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien ha planteado que es indispensable que los trabajadores de la capital vivan cerca de sus centros de trabajo.

Agregó que uno de los grandes retos que tendrán que resolver la Asamblea Constituyente es que la Carta Magna de la Ciudad de México garantice una planeación urbana sustentable para todos sus habitantes.

En cuanto al desarrollo del segundo panel, denominado “Empleo y Salario Mínimo”, García Medina indicó que Mancera Espinosa abrió el debate a nivel nacional para la desindexación del salario mínimo de otros precios, cuestión que ya concretó en la reforma constitucional, aunque ahora falta que se aumente.

En su oportunidad, Saúl Escobar Toledo, ex secretario del Trabajo capitalino y participante en la mesa sobre salario mínimo de la comisión redactora de la Constitución, dijo que éste debe cubrir cinco condiciones.

“Que su ámbito de aplicación sea amplio; su determinación debe proceder de una consulta con interlocutores sociales; el monto debe ser suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias, que se ajuste periódicamente”, explicó.