Carestía y pobreza

En esta  capital y en todos los rincones del país se escucha el clamor de la población, por la preocupación por las alzas generalizadas en los precios de alimentos, bienes y servicios.
 
La entrada en vigor de impuestos aprobados en el 2010, el miserable incremento al Salario Mínimo General del 4.85%, son variables que han generado consecuencias inflacionarias, originando  un aspecto multiplicador en los efectos  nocivos del comportamiento del resto de la economía.
 
Enero comenzó con malas noticias: aumentos de precios en tabacos, refrescos, impuestos, gasolinas, electricidad entre otros. A esto, había que sumar el incremento en alimentos del 30%, en promedio, así como un alza arriba del 20% en materias primas.
 
El gobierno de Felipe Calderón conforme a la ley de ingresos de la federación incrementó los precios de las gasolinas y la energía eléctrica, con lo cual afectó la maltrecha economía de la población en los peores momentos en que se disparaba el aumento de precios en alimentos y materias primas.
 
En las tiendas de autoservicio, en los mercados, los comerciantes ven cómo la gente huye al leer o escuchar los precios y la gente no sabe qué hacer para estirar el gasto; la opción que les queda, empezando por eliminar de su mesa los productos más caros y comer una o dos veces al día si acaso,
 
De septiembre pasado a la fecha el arroz aumentó 33%; el aceite, 50%; el huevo, casi 60%, la tortilla 12 % y el frijol, 12%.
 
En esas circunstancias la Confederación Nacional Campesina (CNC) anunció una megamarcha en contra de la creciente carestía, por la pérdida del 70% del poder adquisitivo de las familias y la inseguridad que vive el país.
 
Los analistas no consideraban que los incrementos a los precios se dieran tan rápido, lo esperaban a finales del primer trimestre de 2011. Así mismo se estimaba que los inventarios y las buenas cosechas del sector agropecuario evitarían el encarecimiento.
 
Según el manual de libre mercado, en la medida en que se incrementan los precios de las materias primas, como los combustibles, los productores tienen que reflejar esos aumentos en los costos y precios de venta.
 
En lo que respecta al salario mínimo general, su ridículo incremento ha sido tomado como un insulto por el sector laboral, ya que para nada corresponde a la realidad económica que vive el país, mismo que estará generando mayor pérdida del poder adquisitivo del salario real, perdiendo capacidad de consumo.
 
Para el Gobierno federal es más importante  mantener a toda costa la estabilidad de los indicadores macroeconómicos contra el beneficio social, parece existir de parte del las autoridades una obsesión por mantener lo primero, subestimando lo segundo.
 
La carestía provocará que el dinero cada vez alcance menos y que la crisis económica se agrave aún más entre las familias de menores recursos y las que viven en la extrema pobreza, desamparadas y en el olvido, que suman millones en México, con grave riesgo de estallidos sociales y más ingobernabilidad.
 
El saldo es de desigualdad social y económica, expresada en sesenta millones de pobres que habla por sí sola del fracaso de la política económica.
 
Garantizar la alimentación de la población más allá de ser es una obligación del estado es un tema de seguridad nacional. Es irresponsable dejar en manos del mercado esta obligación, cuyos actores violan las reglas para enriquecerse más, peor aun cuando se les faculta autorregularse.
 
De ahí que el Estado debe regular o limitar la rentabilidad del encarecimiento cuando se pone en riesgo la estabilidad social, con castigo a los acaparadores y hambreadores ya sea pecuniario o privativo de libertad.
 
Ahora bien si a las personas se les diera a elegir entre una democracia con hambre y una dictadura próspera, eligen la segunda. Tener el estómago lleno es la prioridad. El gobierno no está para especular sobre la gravedad de lo que sucede.
 
La crisis económica, el desempleo, la carestía solo es cuestión de tiempo para que los niveles de la pobreza en México lleguen a su máxima expresión que es la pobreza extrema, con las previsibles consecuencias.
 
En definitiva los mexicanos al margen de quedar a expensas de la guerra contra la delincuencia organizada, enfrentarán una economía familiar más deteriorada, con más desempleo, más carestía y más pobreza, además de ver canceladas las posibilidades de crecimiento y desarrollo integral de país.
 
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