LX legislatura tamaulipeca

La función legislativa en nuestro país, incluido Tamaulipas está degradada, hasta el extremo. Los diputados tienen bien ganado el desprestigio. Son groseramente caros y ordinariamente ineficientes. Es una función de tipo parasitaria muy lucrativa, que los hace  extremadamente improductivos.
 
Los diputados de la LX legislatura del congreso de Tamaulipas, carecieron de un programa legislativo anual con el concurso de los titulares del monopolio para iniciar leyes tendientes a beneficiar a los tamaulipecos, ni desahogaron el trabajo parlamentario para el abatimiento total del rezago en materia de actualización; aprobación de cuentas públicas, iniciativas de ley congeladas, decretos y puntos de acuerdos necesarios.
 
Según estudio  practicado por  un medio informativo local, los integrantes de la ya fenecida LX legislatura del Congreso Local pastoreada por Felipe Garza Narváez resulto muy onerosa, demasiado cara, 1.8 millones de pesos por cada sesión legislativa, con cargo a los contribuyentes tamaulipecos.
 
Cada diputado le cuesta mensualmente a Tamaulipas poco más de 275 mil pesos, lo que significan 40 mil pesos más caro que el Congreso del Estado de México, que eroga por diputado 235 mil pesos mensuales. Las remuneraciones no tendrían nada de particular, si no fuera porque  la función legislativa no fue devengada por los “constructores” dé la ley.
 
El costo-beneficio de los legisladores, refleja la carencia de mayores y mejores resultados legislativos, a pesar de los millones de pesos invertidos en el sistema legislativo, las cientos de horas-diputados empleadas para “legislar”, no se logro la eficacia parlamentaria. Resultó carísima cada iniciativa de ley aprobada, decreto emitido y punto de acuerdo.
 
Los diputados tienen una doble función, constitucional y tradicional a desempeñar,  la de actuar como legisladores  presentando iniciativas o colaborando en el trabajo legislativo la construcción de legislaciones que contengan las aspiraciones o demandas de la sociedad y las gestiones a la comunidad, de las cuales en su mayoría frecuentemente se apartan.
 
En teoría los diputados representan a todos los tamaulipecos, en los hechos representan al poder ejecutivo, la mayoría por pertenecer al mismo partido y los de oposición por presunta vía de la cooptación. Por lo tanto deberían estar obligados políticamente a ser defensores, procuradores de los distritos y poblaciones en atención al mandato popular que ostentan.
 
De ahí el chiste de que  los verdaderos y auténticos legisladores se ubican en la Consejería Jurídica  del Gobierno del Estado, y no en el congreso, ya que ahí los diputados solo levantan la mano para su aprobación.
 
Por otro lado los legisladores tamaulipecos permanecen en los linderos de la política seria, la de verdad, la de servicio público, dignidad ética y profesionalismo; viven de y para la política, consumen recursos públicos en una tarea obsesiva y sin escrúpulos de promoción personal; que denominan “carrera política”.
 
Más allá de que la LX legislatura deje de legado un manual del ABC de cómo no debe ser un legislador. Deja asignaturas pendientes como la evaluación gubernamental; procuraduría de justicia como organismo público descentralizado, titular designado por el congreso; referéndum; iniciativa popular; la revocación del mandato; segunda vuelta electoral; adultos mayores; afirmativa ficta; seguridad ciudadana y seguro de desempleo entre otras.
 
Además de percatarse de la existencia de muchas legislaciones artríticas, obsoletas, no acordes con la realidad, no se preocuparon por plantear su transformación, su cambio, su actualización, solo cumplieron con su rol de legítimos aprobadores.
 
Fuera de las rutinarios: recepción de informes del ejecutivo, aprobación de cuentas públicas fast-track, leyes de ingresos con aumento de impuestos y presupuestos de egresos, el trabajo legislativo ha resultado magro.
 
En definitiva la democracia representativa indirecta no debe ser ya el único medio de toma de decisiones que afecte a la sociedad tamaulipeca, sino también la democracia directa a través del referéndum, plebiscito y la  iniciativa popular, donde la ciudadanía haga valer su voz sin los tradicionales intermediarios legislativos que rara vez responden a sus demandas.
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