El Congreso de Tamaulipas aprueba reformas a la normatividad local

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El Pleno del Congreso aprobó reformas a la normatividad local a fin de adecuarla a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en busca de optimizar los Servicios Privados de Seguridad en beneficio de la población tamaulipeca y lograr que las empresas que brindan este servicio cumplan con los requisitos solicitados.
 
Así lo expresó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Felipe Garza Narváez, al mencionar que la referida ley exige el registro de la información, equipo, instalaciones y bases de archivo del personal que preste sus servicios en esa modalidad.
 
Explicó el legislador que esta adecuación a la referida ley, entraña un esfuerzo conjunto entre la Federación, entidades federativas, municipios, sociedad civil, en torno a la suscripción de diversos acuerdos para reformar las instituciones de seguridad y de justicia en busca de optimizar las condiciones en que se presta el servicio mencionado.
 
El legislador indicó que, si bien es cierto que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que la seguridad pública es una función de la Federación, de los Estados, de los municipios y del Distrito Federal, también es cierto que debe de realizarse en los diversos ámbitos de competencia, mediante una efectiva coordinación.
 
Dicha normatividad tiene el objetivo de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar sus libertades, el orden y la paz públicos.
 
En el contexto actual, los servicios de privados de seguridad se consideran auxiliares a la función de seguridad pública, por lo que amerita que la ley de esta materia se adecue a los términos previstos en el contexto de la seguridad pública en el país.
 
Por ello, refiere el Diputado Felipe Garza Narváez, se tomó en cuenta que las disposiciones federales vigentes implican la obligación de que los ordenamientos legales de las entidades establezcan, de modo imperativo, que las empresas privadas de seguridad deberán responsabilizarse de que su personal sea sometido a los procedimientos de evaluación y control de confianza, entre otras obligaciones fundamentales.
 
Finalmente señaló el legislador, que lo anterior coadyuva en el cumplimiento de los acuerdos sostenidos por los tres niveles de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la natural fortaleza de las bases de coordinación entre sociedad, Estado y Municipios en el combate a la delincuencia.