Política y administración

De acuerdo al modelo normativo constitucional las instituciones del poder político estatal en México, son los gobernadores, congresos locales, los alcaldes y ayuntamientos, quienes determinan la tarea de la formación de la voluntad y decisión política. Mientras que a la administración, se le atribuyen las tareas de ejecución o cumplimiento de esa voluntad.
 
El éxito político normalmente se asocia con una buena administración. Los niveles de desempeño de los gobiernos en los hechos constituyen un parámetro de evaluación de los ciudadanos a la hora de emitir su voto en los procesos electorales.
 
El dilema porfirista en el que se debía optar por una u otra aun persiste, en la actualidad se ha llevado a asumir de forma acrítica que la política puede y debe ejercerse al margen de una buena administración.
 
La administración Pública en la teoría y la práctica debe ser el ejecutor al servicio del poder político y el depósito de conocimientos técnicos. En la mayoría de las entidades federativas se carece de racionalidad en sus decisiones públicas porque sus aparatos administrativos así están está diseñados para ello.
 
De ahí, que cuando se conquista el poder político de del país, de un estado y un municipio surge la arraigada lógica del botín y la depredación,  de atrapar beneficios económicos, administrativos, laborales y canonjías para repartirlas entre los amigos, parientes y seguidores.
 
Con un aparato administrativo improvisado, alejado de la visión de lo que debe ser la administración pública entendida como un conjunto orgánico o ente monolítico, el cual bajo la dirección del gobierno persiga el interés público o los de la comunidad.
 
Hemos supuesto que la simple democratización del sistema político, traería como consecuencia  una modernización y una moralización del aparato administrativo. No existe país, comparado con México, que tenga una calidad institucional tan baja. Pocos son los cuerpos de administración pública que alcanzan niveles de desempeño razonables
 
 La expectativa del ciudadano medio es que, de entrada, el sistema funcionará mal. Empezando por los responsables de la seguridad pública, pasando por “planeadores” de la obra pública, y el crecimiento económico, el combate a la pobreza, el desempleo, por lo que  la esperanza ciudadana es siempre baja.
 
En los estados y municipios suenan las alarmas en todos los frentes y en todos los niveles se percibe la chambonearía e improvisación, el patrimonialismo, podría tomarse como ejemplo casi cualquier rama de la administración pública de cualquier estado y municipio.
 
La ausencia de un servicio civil de carrera, y el hecho de que el titular del poder ejecutivo designe y  remueva a los funcionarios libremente, ha sido en gran medida la traba para el cumplimiento de los objetivos de estado, prestación eficiente de servicios públicos, así como el manejo de conocimiento técnico y especializado, y un mayor desarrollo de la planeación gubernamental,
 
En se orden de ideas y tomando en cuenta que el ingeniero Egidio Torre Cantù gobernador electo de Tamaulipas iniciará su gobierno el próximo 1º de enero de 2011, es deseable una redefinición, ordenamiento y administración pública del estado.
 
Donde queden delimitadas y conformadas las secretarias para desarrollar las cuatro funciones fundamentales: La función de mantenimiento de la estabilidad política y seguridad ciudadana; la función de promoción del crecimiento económico y el empleo; la función del desarrollo social y la función el control gubernamental de sus dependencias.
 
La futura administración pública deberá ser ealizada con secretarios del despacho que posean una amplia cuota inteligencia política, de capacidad técnica, de confianza y solidez ajenos al patrimonialismo y a la improvisación, basada en la competencia más que en la lealtad y la amistad. 
 
En definitiva a Tamaulipas y sus municipios, donde prevalece la hegemonía de los intereses privados y los particularismos, les vendría de maravilla más rigor administrativo y una mayor defensa del interés público a través de un proceso de racionalización administrativa, sin dejar de lado el ejercicio de la política.
 
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