México es uno de los países donde se pagan las peores pensiones del mundo, sin embargo, hay hombres afortunados como el tampiqueño José Ángel Gurría Treviño y el saltillense Humberto Moreira Valdés, economista uno y profesor de secundaria el otro, que han logrado obtener beneficios extraordinarios gracias a sus múltiples servicios al gobierno y a las grandes empresas, a pesar de que muchas de sus acciones han sido severamente cuestionadas. Me apoyo en lo publicado por un periódico británico sobre el titular de la OCDE y por un diario mexicano que detalla una de las jugosas ganancias del ex líder del PRI.
The Economist publicó que José Ángel Gurría es un burócrata de larga carrera en el sistema financiero mexicano. Negociador de la deuda externa al inicio de los años 90 -labor por la que es conocido como El Ángel de la Dependencia-, ocupó la Cancillería y la titularidad de Hacienda en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Fue polémico el hecho de que se autorizó, mientras fue director de Nacional Financiera por apenas cuatro años, una pensión vitalicia. Aseguró que había ganado la prestación por todos los años que había servido en el sector financiero, que no son más de 20. Trató de zanjar el tema donando, mientras era funcionario, la pensión a una organización de asistencia a enfermos de cáncer.
The Economist menciona dos hechos asociados con JAGT, con los que trata de trazar un perfil del comportamiento del secretario general de la OCDE, una agrupación también conocida como "el club de ricos", a la que México ingresó en 1994, unos meses antes de que la economía se desplomara en la peor crisis en 60 años. Según la publicación, en la edición impresa, los funcionarios de la OCDE están asustados por el apetito que tiene Gurría "por la hospitalidad corporativa". Refiere que aceptó ser invitado por Eugenio Minvielle, jefe de la trasnacional Nestlé, a un partido de futbol entre las selecciones México y Francia.
Pero, además, la oficina de Gurría solicitó otros cuatro boletos: para la esposa e hija del ex secretario de Hacienda y para Gabriela Ramos -una mexicana llevada por Gurría a la OCDE en París- y su esposo. Menciona también que Gurría tuvo un incremento de sueldo, negociado en un "paquete confidencial". Además de no pagar renta por vivir en una lujosa residencia, a su pago básico de 183 mil euros (unos 2 millones 745 mil pesos) se añadió un sobre sueldo de 33 mil euros (495 mil pesos); un gasto de casa de 11 mil euros (165 mil pesos); y gastos de representación por 50 mil euros (750 mil pesos).
Añade: "Una definición algo floja de costos normales condujo a algunas cejas levantadas entre los funcionarios (de la OCDE) que vieron una factura de una cena del aniversario de la boda del señor Gurría con su esposa, según un documento visto por The Economist. Los funcionarios habían precisado a Gurría que este tipo de costos no podría ser rembolsado. Un portavoz dice que éstos eran costos personales y que no fueron procesados".
La revista también cuenta que entre algunos funcionarios y miembros de la OCDE no se ve con buenos ojos la permanente actividad de Gurría en México. Menciona que cuando Corea del Sur cumplió una década de pertenencia a la organización, planeó un festejo en Seúl y corrió con todos los gastos de los directivos de la organización que viajaron desde París. Ocurrió al contrario cuando Gurría impulsó un acto en la ciudad de México, en el que se involucraron el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y el Banco Mundial.
Este acto, en el que la OCDE presentó su estudio de reformas que recomienda a México -entre ellos la del impuesto al consumo y la inversión privada en Pemex- contó con la asistencia de Felipe Calderón y tuvo gran cobertura en la prensa. Contrario a lo ocurrido con el de Corea, la OCDE pagó los gastos de Gurría, unos 9 mil 400 euros (141 mil pesos). El costo total de la delegación del organismo, según la publicación, fue de 50 mil euros (750 mil pesos). "Teníamos un secretario general que trabajaba para la organización; ahora tenemos una organización que trabaja para el secretario general", según un funcionario citado por The Economist.
Por otra parte, Rafael Enríquez, un profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con 17 años de antigüedad, dijo a Reforma que ningún maestro podría soñar con pensionarse con 37 mil pesos, aunque haya ganado la Medalla Maestro Altamirano por 50 años de servicio. "Ni siquiera puede llegar a tener 20 mil pesos de pensión", aseguró. Por eso, considera una burla para los pensionados los 37 mil pesos vitalicios que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dará a Humberto Moreira, quien estuvo frente a grupo sólo tres años.
El sentimiento es el mismo que tiene la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián. "Es una ofensa al pueblo de México que este sindicato pague una pensión así con recursos de todos los trabajadores, sobre todo a un personaje acusado de tantas irregularidades". El monto se anunció una vez que volvió de España, donde fue detenido por lavado de dinero y crimen organizado. Además, al priista se le acusa de haber elevado a 36 mil millones de pesos la deuda pública de Coahuila mediante falsificación de documentos, cuando fue Gobernador de la entidad, de 2005 a 2011.
La legisladora de Morena calcula que un pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podría recibir 22 mil pesos por pensión como máximo. "Es vergonzoso que el SNTE dé estas cantidades, porque además hay una serie de adeudos con grupos de pensionados a los que no se les paga", sostuvo Damián. Jesús Amancio Núñez, director de Pensiones para Trabajadores de la Educación de Coahuila, donde un hermano de Humberto Moreira es Gobernador, justificó la pensión vitalicia ya que, dijo, estuvo durante 27 años comisionado a funciones sin goce de sueldo.
Por otro lado, el diputado Jorge Álvarez Máynez, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en la Cámara considera que el caso refleja complicidad entre la SEP y el SNTE. "Creo que la pensión a Moreira confirma algo que el Secretario de Educación Aurelio Nuño ha querido negar, el pacto de impunidad entre el Sindicato y el Gobierno mexicano sigue vigente", declaró. Observó, además, que el caso revela un fenómeno más general. "El caso Moreira es importante porque es altamente mediático y representativo; nosotros lo retomamos porque exhibe el cinismo, pero son cientos, miles de operadores políticos que con la misma impunidad son beneficiarios de recursos públicos no por méritos educativos, sino partidistas, oficialistas", valoró Álvarez.
Correo: amlogtz@prodigy.net.mx
