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Solo API puede aplicar sanciones en contra de la edificadora del puente colapsado
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Sección: Tamaulipas / Altamira

Solo API puede aplicar sanciones en contra de la edificadora del puente colapsado

Así lo señaló el Secretario de Obras Públicas en el Estado Alberto Berlanga Bolado, y quien agregó que las causas del derrumbe fueron de procedimiento constructivo

Por: Diana Alvarado / Altamira 22/10/2010 | Actualizada a las 17:57h
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Altamira, Tamaulipas.- Es la Administración Portuaria Integral de Altamira la dependencia facultada de ejecutar acciones legales en contra de la compañía constructora del Puente a Desnivel que se derrumbo al estarse construyendo, sobre la carretera Tampico-Mante en el kilómetro 30.

Así lo señaló el Secretario de Obras Públicas en el Estado Alberto Berlanga Bolado, quien agregó que se cuenta con estudios realizados para determinar las causas del colapso que se presentó en el paso a desnivel antes de ser inaugurado.

El funcionario estatal manifestó que las causas del derrumbe fueron de procedimiento constructivo y por lo tanto, actualmente la empresa Desarrollos y Urbanizaciones de la Frontera, se encuentra reparando la problemática para que en próximas fechas se inaugure.

“Este proyecto forma parte de las gestión realizadas del gobernador Eugenio Hernández Flores, es el proyecto más grande y ambicioso al puerto industrial de Altamira, será la ruta principal de acceso de 9.5 kilómetros de longitud, porque lo que se está reparando para que se inaugure en corto tiempo”.

En cuanto a posibles sanciones que se pudieran aplicar a la compañía constructora, dijo que el Estado no tiene ingerencia en el contrato, solamente es API quien pudiera aplicar acciones jurídicas en contra de la edificadora.

Mientras tanto, aclaró que el Gobierno del Estado solamente colaboró con los derechos de vía, con proyectos, la parte de permisos ambientales, las liberaciones de los cruces con Pemex.

Las posibles sanciones que se pudieran aplicar a la compañía constructora, solamente API puede aplicar acciones jurídicas, ya que el Estado no tiene ingerencia en el contrato.
Fotografía Diana Alvarado
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