Convencido de que el inadecuado manejo de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón fue el principal detonante del desplome electoral del Partido Acción Nacional, desde el inicio de su gestión el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó la determinación de dar un golpe de timón al respecto.
Primero fueron las detenciones espectaculares, la reorientación de la presencia de elementos federales y militares en distintas plazas, el apuntalamiento del sistema de mando único para su paulatina aplicación a nivel nacional y posteriormente, el sacar el tema del crimen organizado de la agenda presidencial.
A diferencia de su antecesor, Peña Nieto desterró prácticamente de su discurso las referencias a la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia, rubro que pasó a ser coto casi exclusivo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien pasó en pocos meses del rol de operador político al de Comisario en Jefe del gabinete.
Y aunque desde el gobierno el tema de la violencia y el combate a la delincuencia ya no ocupa el espacio central de su agenda, eso no quiere decir que una u otra vayan a la baja.
Según datos de la Lantia, agencia consultora especializada en temas de seguridad consignados esta semana en la columna de Leo Zuckerman, en los 34 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se han registrado en México 25 mil 972 ejecuciones en hechos relacionados con el crimen organizado. Los delitos de alto impacto van a la alza de manera preocupante, con un registro de 3 mil 991 secuestros y 18 mil 385 casos de extorsión, conteo cerrado al pasado mes de septiembre, cuando el Presidente Peña Nieto cumplió 34 meses en el poder.
En este contexto, la situación prevaleciente en Tamaulipas, particularmente en la zona norte de la entidad, es de llamar la atención. A inicios del sexenio, el secretario Osorio Chong encabezó personalmente el arranque de la denominada Estrategia de Seguridad Tamaulipas, que comprometió los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en el combate a las conductas delictivas y que ha involucrado una inversión sin precedentes -más de 2 mil millones de pesos tan solo en 2014- en personal, equipamiento e instalaciones policiales, además de la creación de una policía estatal denominada Fuerza Tamaulipas.
Apenas a finales de octubre pasado, tras confirmarse la detención de Ángel Eduardo Rodríguez Prado alias "El Orejón" o "Ciclón 7" presunto jefe del Cártel del Golfo en la ciudad de Matamoros, el gobernador Egidio Torre Cantú destacó el cierre de una etapa importante de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas, al lograr el aseguramiento de los primeros 15 objetivos prioritarios de los grupos delincuenciales que operan en la entidad. "Los hechos demuestran que la inversión canalizada al rubro de seguridad ha valido la pena", manifestó el mandatorio.
Lamentablemente, lo que los hechos pusieron en evidencia es que las autoridades estatales y federales en Tamaulipas descuidaron una secuela lógica de la dinámica delincuencial: tan pronto cae un líder, de inmediato es sustituido por otro, y que normalmente, cuando esto ocurre en México, el jefe entrante busca "marcar territorio".
En los días recientes, la ciudad de Matamoros ha resentido los efectos de esta dinámica, con la presencia de una serie de secuestros y ejecuciones que provocaron sicosis en la población. Muchos han culpado a las redes sociales de alentar el nerviosismo mediante la difusión de rumores y trascendidos, pero lo cierto es que esto ocurrió debido al evidente vacío comunicacional por parte de la autoridad. El rumor se acota cuando se brinda información oficial, oportuna y transparente. No hay más.
Mientras Matamoros sufría los embates de la delincuencia y los efectos de una serie de lluvias atípicas, la clase gobernante atendía otras prioridades: la alcaldesa Leticia Salazar de gira proselitista en pos de la candidatura del PAN a la gubernatura en 2016; el gobernador Egidio Torre Cantú disfrutando del glamour del Gran Premio de la Fórmula Uno en la Ciudad de México y al ministro Osorio Chong lanzando la enésima amenaza en contra de quienes a su juicio siguen lucrando políticamente con el caso Ayotzinapa. Ahí están los reportes de prensa.
Esta semana, el mandatario tamaulipeco dio a conocer la activación de un grupo especial de seguridad pública para atender la creciente ola delictiva en Matamoros, y en específico los casos de secuestro. Casi de manera inmediata se emitió un comunicado reportando la primera detención derivada de este operativo, con el aseguramiento de un presunto secuestrador en la colonia Sección 16.
Lo que los tres niveles de autoridad han descuidado en el caso de Matamoros es que de nada sirve el armamento, las patrullas y los policías si la estrategia de combate al crimen no viene acompañada por acciones horizontales enfocadas al rescate del tejido social. Esto incluye el permanente acompañamiento y diálogo abierto con los distintos sectores sociales; el rescate de espacios de convivencia y el estímulo al sostenimiento de la economía formal. Cada vez que se realiza la visita de un alto mando gubernamental a Matamoros, al ciudad aparece blindada con cientos de policías y militares, pero tan pronto concluye el acto oficial, la ciudad vuelve a su triste realidad: la del abandono, la indolencia y la lejanía, física y afectiva de sus gobernantes.
La única autoridad que de manera reiterada ha hecho referencia al tema de la inseguridad en Matamoros es la alcaldesa Leticia Salazar Vázquez; lamentablemente es evidente que solo lo hace para atraer los reflectores de los medios nacionales de comunicación con declaraciones escandalosas, ya que en los hechos su administración poco ha querido o podido hacer en la materia. El vergonzoso episodio de la fallida creación del Grupo "Hércules" de la policía municipal, amadrinado por la alcaldesa ataviada con uniforme paramilitar, y que fuera discretamente desactivado tras su presunta participación en un hecho delictivo, todavía pesa en el expediente político de la joven aspirante a la gubernatura tamaulipeca.
Por otro lado, los tres niveles de gobierno siguen empeñados en desarrollar una política social tan obsoleta como clientelar. Federación, estado y municipio mantienen una absurda competencia en el reparto de despensas, tortillas, zapatos, tenis, televisiones, mochilas y toda suerte de baratijas utilitarias en un millonario y ofensivo derroche. Los programas destinados a la recuperación de plazas laborales, al autoempleo y a incentivar a los pequeños y medianos empresarios languidecen por la poca difusión y recursos que se les destinan.
En Tamaulipas habrá elecciones de alcaldes, diputados locales y gobernador en 2016. Los aspirantes a los distintos cargos, de todos colores y sabores, se mueven -sin pudor alguno- en redes sociales, eventos y múltiples actividades de propaganda política simulada. Pero hasta el momento ninguno le ha entrado de frente y con propuestas al tema de la seguridad. Y eso no pasa inadvertido para los miles de tamaulipecos que han sido afectados de una u otra manera por el fenómeno.
Si bien Tamaulipas es uno de los estados en los que el PRI se ha mantenido en el poder desde hace casi 85 años, lo cierto es que en la pasada elección presidencial, fue una de las entidades en que el candidato tricolor Enrique Peña Nieto fue derrotado en las urnas, específicamente por la panista Josefina Vázquez Mota. Y ello arroja, por supuesto, múltiples y suspicaces lecturas.
¿Podría ser la seguridad el factor que incline en uno u otro sentido la balanza en las próximas elecciones locales?
Falta cada vez menos para saberlo.
Por lo pronto, la Estrategia de Seguridad Tamaulipas enfrentará en 2016 su más severa evaluación.
Y esa se dará ...en las urnas.
Al tiempo.
Twitter: @miguelisidro
