Un factor clave para que la gobernanza y la gobernabilidad prevalezcan en los gobiernos es la legitimidad. Es decir, para poder llegar a tener un gobierno eficaz que logre mantener el orden público, debe existir un consenso social con respecto al modo y la forma en que estos gobiernos llevan a cabo sus políticas públicas.
Por lo tanto, no es exagerado afirmar que actualmente muchos gobiernos –incluido el mexicano-, tienen una crisis de gobernanza, gobernabilidad pero sobre todo de legitimidad política.
Para Bobbio, la legitimidad en su significado más específico es:
“(…)el atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo(…)”.
En este sentido más sociológico que jurídico, la legitimidad es la herramienta de mayor relevancia para que cualquier gobierno en turno pueda llevar a cabo eficazmente sus decisiones políticas.
Para lograr consolidar un gobierno legítimo, se requiere en principio entablar vías de inclusión social. Entendamos que la inclusión social no significa hacer partícipe de todas las decisiones políticas a todos los ciudadanos en todo momento, para esto se votan representantes. Sin embargo, la inclusión social es la apertura y disposición que dichos representantes electos deberían tener con las opiniones y sugerencias de los ciudadanos.
Políticamente América Latina ha llegado a dos extremos muy evidentes en la forma de gobernar: la tecnocracia y el populismo.
Por un lado tenemos la vista gorda de Presidentes como Peña, en donde se cree que la solución de su país es la implementación de “grandes reformas”, reformas técnicas, fundamentadas en estudios y avaladas por expertos, pero que carecen de la aprobación de gran parte de la ciudadanía. Ahí tenemos la Reforma Hacendaria, un rotundo fracaso de aceptación social.
Y en el otro extremo, tenemos a los políticos populistas –también en México-, en quienes recae la esperanza y aceptación ciega de la gente para mejorar la situación de su ciudad o de su distrito, pero que carecen de un plan estructural, una ideología definida o una estrategia para gobernar a largo plazo. Simplemente cuentan con su carisma y los votos de confianza, lo que simboliza un peligro latente puesto que de no apegarse a un modelo de gobierno previamente establecido, reglamentado y aprobado por la ciudadanía, pueden llegar a tomar decisiones individualistas a la hora de tomar decisiones públicas. Decisiones tan individualistas que de ser llevadas al extremo pueden llegar a atentar contra la libertad y la voluntad popular tal como lo hicieron Maduro o Correa en Latinoamérica.
Lo que muchos países necesitan urgentemente es proporcionar vías efectivas de participación ciudadana. Deben también darse el tiempo para justificar las razones de la toma de decisiones públicas. No basta con hacer un ejercicio de simulación de participación ciudadana en donde el gobierno termina haciendo lo que le place. El ciudadano es la razón de ser de los gobiernos y hasta que no se les otorgue la importancia que merecen y los medios necesarios para incidir en la política de su país, no habrá legitimidad sino crisis. Crisis de gobernabilidad y crisis de gobernanza.
El problema es que quienes están en el poder muchas veces olvidan que la legitimidad debe ser genérica y no exclusiva de sus simpatizantes. Por esto, gran parte de los Presidentes concluyen sus gobiernos con bajísimos índices de aprobación ciudadana. Ningún político por el hecho de ganar una elección cuenta automáticamente con un gobierno legítimo. Es legítimo ante quienes lo votaron, ante quienes comparten sus ideales políticos o militan en su partido. Porque para construir legitimidad se requiere de disposición, de inclusión, de estar atento a las necesidades reales de la población.
Gladys Fabiola Pérez Martínez
Guadalajara, Jal.
Twitter: @ae_gladys
e-mail: gperezm@live.com.mx
